“Lo mucho hasta Dios lo ve”, reza con acierto el refrán popular. Es mucho “con demasiado” el fraude denunciado por los ecologistas contra el estado que implica que un ciudadano pretenda la propiedad de más de 700 kilómetros cuadrados dentro del Parque Nacional Sierra de Bahoruco.

Urge conocer cuál es el entramado que legaliza reclamos por más de cien mil millones de pesos, cifra tan desproporcionada y absurda que parece la pretensión de un enajenado. ¿Cómo es posible que los tribunales de la República acojan tales demandas y fallen a su favor?

Debe ser investigado y llevado hasta sus últimas consecuencias este atentado contra el patrimonio de todos los dominicanos que hace ver minúsculos los continuos fraudes y marrullerías contra terrenos públicos y privados que saturan los medios de comunicación y ocupan mayoritariamente las salas de audiencia de tribunales y cortes.

Ya antes, en el caso del Parque Nacional Cotubanamá, el mismo pretendiente reclamaba el “justo pago” por casi dos millones de metros cuadrados y, por suerte, la Suprema Corte de Justicia anuló la demanda, tras declarar no válidos por irregulares los títulos y certificados en que se sustentaba.

La nación dominicana debe hacer una profunda revisión tanto de la validez jurídica como de la pertinencia ética de las grandes propiedades de tierra; sus orígenes, su ajuste y pertinencia en el contexto en que surgieron y, sobre todo, su legitimidad social e histórica.