El pueblo contempla impertérrito las injusticias, atrocidades, malos tratos y abusos infligidos a los dominicanos en hospitales, cárceles, tribunales, escuelas y lugares públicos y privados, indicador de la escasa importancia que las autoridades y funcionarios tienen de las personas que se encuentran o acuden a esas instituciones donde deberían respetarse sus derechos y dignidad.

Durante decenas de años se han denunciado las calamidades que pasan las personas en las cárceles, los enfermos ingresados en los hospitales, los mayores recluidos en ancianatos y los niños y niñas llevados a centros de reeducación.

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Las desdichadas personas que se encuentran en esos lugares reciben tratos inhumanos, denegación de derechos, falta de aseo, mala alimentación, falta de higiene, adversidades que las autoridades no han subsanado a pesar de los cientos de millones de pesos tomados prestados a organismos internacionales para supuestamente humanizar esas iniquidades.

Las tragedias recurrentes en cárceles del país revelan un problema de fondo mucho más grave y urgente que las visibles llamas que asolaron a la Penitenciaría Nacional de La Victoria y que desafía a las autoridades y a toda la población del país.

La República Dominicana no necesita un Bukele para acabar con los prevenidos que guardan prisión: lo que esta sociedad requiere son políticas públicas pertinentes y mujeres y hombres a quienes les importen los seres humanos, que se esfuercen en recuperarlos y valorarlos y trabajen para que les provean los medios de superar la degradación moral y la salud física y mental.