Cada vez más sectores expresan inconformidad con artículos específicos del proyecto de Código Penal: permisividad del maltrato infantil, caducidad de la corrupción, exención de castigos por delitos cometidos por las iglesias, autorización expresa a la discriminación por preferencias de género, castigo por salvar la vida de una mujer en riesgo por un embarazo complicado o inviable, corresponsabilidades absurdas entre otras impertinencias producto de la complicidad, la ignorancia y/o la perversidad de los legisladores y sus padrinos.

Corresponde a las fuerzas políticas incidir sobre sus legisladores para evitarle al país las consecuencias de la irresponsabilidad de sus legisladores que, evidentemente, no han estudiado el proyecto y lo “conocen” por la narrativa de grupos y sectores interesados cuyos argumentos repiten sin asimilar sus consecuencias.

La población debe mantenerse atenta, informada y movilizada frente a la pretensión de convertir el Nuevo Código Penal en una herramienta negadora de derechos y extremadamente flexible y connivente con la corrupción y los delitos de funcionarios y sectores de poder.

Una balanza cuya aguja está fuertemente inclinada no puede servir para pesar a todos por igual y, consecuentemente, no puede ser la herramienta para administrar justicia.

Hay que seguir insistiendo, seguir resistiendo, seguir proponiendo hasta que se apruebe un código que garantice derechos, equidad y justicia para todos. Esperamos que los sectores sensatos se impongan por el bien de la nación y el futuro del país.