La necesidad de que Salud Públicay el Gobierno asuman la salud mental como un problema humano y social prioritario ha sido demanda desde antes de que el doctor Antonio Zaglul llegara con los conocimientos aprendidos en Europa para el tratamiento de los desórdenes emocionales y mentales.
Los reclamos de Zaglul y de los profesionales de la psiquiatría y la psicología graduados en el país, para que la asistencia médica a las personas con enfermedades mentales fuera considerada como tal, sirvieron para que, sin políticas claras, se construyera un manicomio, se incluyeran en los servicios de salud algunos medicamentos y se dejara al sector privado que ofreciera esos servicios conveniencia a las familias con recursos que confrontaran situaciones de trastornos mentales.
Ahora que el presidente Luis Abinader propone introducir cambios al Estado debería pensar en reorientar la política económica por una en que la generación de empleos sea prioridad para ayudar a la salud mental del pueblo compuesto, por sectores marginados y de clase media que, por no poder alimentar y criar los hijos, educarlos y vestirlos, se desquician naufragando en la inseguridad que padecen al carecer de empleo, salario seguro y suficiente. Facilitar a la persona el medio necesario para cubrir sus necesidades debe ser.