Los gobiernos, en representación del Estado, tienen la obligación de aplicar las leyes y normas que garantizan los derechos fundamentales y la sana convivencia en los cuales se fundamenta la sociedad integrada por todos los ciudadanos de cada nación o país.

Tras el ajusticiamiento del tirano Rafael L. Trujillo Molina la República Dominicana siguió funcionando con las estructuras institucionales y la cultura política heredadas de la dictadura. Algunas leyes fueron modificadas superficialmente, otras quedaron en desuso o derogadas por legislaciones mostrencas, a pesar de los distintos procesos de reformas.

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Salir de la dictadura ha sido un proceso largo. Aún la población demanda del Estado y los gobiernos que sean eficientes y los protejan de los embaucadores, estafadores, agiotistas, falsificadores y ladrones que, en la mayoría de los casos, han contado con la tolerancia o la complicidad de las autoridades.

La impunidad de que goza quien delinque en la sociedad dominicana lleva a que el ciudadano no tenga garantía sobre alimentos, medicinas, ropa. Calzados, libros, muebles y otros artefactos requeridos para satisfacer sus necesidades.

Los establecimientos comerciales violan los derechos de los consumidores alegando que no cambian mercancías, no admiten devoluciones, ponen fecha de expiración al crédito por una devolución, expenden alimentos, medicamentos, electrodomésticos, vehículos y teléfonos dañados o falsificados pese a las leyes e instituciones creadas para evitar y sancionar esas acciones lesivas al consumidor.

Proconsumidor, el Defensor del Pueblo, Indotel, Salud Pública, el Ministerio Público y otras instancias del Estado deben cumplir sus funciones, a fin de que la población, que financia su existencia, reciba los beneficios que deben rendirle.