La minera transnacional Barrick Gold ha impuesto con violencia estructural y atropello la construcción de una presa de cola en la comunidad de El Naranjo, zona de alta fragilidad ecológica y sísmica del país. El depósito de residuos tóxicos pone en riesgo la seguridad hídrica, la salud humana y la integridad territorial, como es natural, los campesinos se oponen al desacierto que va acompañado de acciones de la minera que perjudican y violan sus derechos ante la indiferencia de las autoridades. A pesar de la oposición de las comunidades campesinas, de las organizaciones ecologistas, religiosas y sociales, la Barrick ha destruido la vegetación en la naciente del río El Naranjo, deteriorando un ecosistema vital y violando principios legales y éticos. El Estado, en lugar de garantizar el bien común, actúa como protector de los intereses de la minera, mostrándose indiferente ante los riesgos y daños provocados por la empresa transnacional. Es inaceptable que un país sacrifique la seguridad jurídica y ambiental de su población para beneficiar a una corporación que desprecia el presente y el futuro de la nación. La ubicación de esa presa infringe criterios técnicos internacionales que impiden que en zonas de alto riesgo y fuentes de agua de suelos productivos se establezcan ese tipo de construcciones.
La población debe manifestar su firme solidaridad con las comunidades campesinas que luchan para evitar que se dañe el ambiente y la integridad ambiental del territorio. El Estado está obligado a defender la vida, no los privilegios de ninguna empresa nacional o extranjera. La justicia ambiental y social no puede seguir postergándose.