La libertad de Expresión no vale nada sin la libertad de Pensamiento.
José Luis Sampedro
La población dominicana ensaya la vida en democracia en un Estado democrático de derecho cuyos preceptos son tan amplios como los fundamentos legales y filosóficos en los que se sustenta este tipo de Gobierno creado para asegurar justicia y equidad en los aspectos humanos, cívicos, políticos, económicos, culturales y ambientales de las naciones.
Como dice mucha gente, este país logró un Gobierno democrático llevando a cabo luchas y resistiendo persecuciones y muertes de ciudadanos y ciudadanas que no se conformaban con vivir medianamente con las migajas permitidas por quienes ejercían el poder en su máxima expresión en la nación dominicana.
La democracia social que se modela empezó hace cinco décadas. En este proceso los presidentes actuaban, y aun lo hacen, a su antojo irrespetando la Constitución y las leyes para imponer sus ideas apoyándose en seguidores que actúan como monigotes y marionetas, cuyo papel consiste en validar o defender los atropellos y violaciones a las leyes, los derechos humanos, políticos, civiles y ambientales en el ámbito nacional e internacional.
El Congreso Nacional era y es utilizado por los presidentes y sus partidos para legalizar los desafueros perjudiciales a los intereses nacionales y los ciudadanos. Son contadas las veces que ese organismo ha actuado como uno de los pilares en que se fundamenta la democracia.
Ahora que se inicia una legislatura, se estrenan legisladores nuevos y otros repiten ayudados por las triquiñuelas de una práctica política corrupta, maquiavélica e inmoral, el Congreso debería dedicar varios días a estudiar y concienciar en qué consiste un Estado Social y Democrático de Derecho y sobre la peligrosidad que reviste que haya una democracia sin que exista un Estado de derecho.
El Estado Democrático es en el que los ciudadanos participan en el Gobierno y la soberanía corresponde al pueblo y este la ejerce con arreglo a la ley mediante sus representantes en las distintas instituciones políticas del Estado.
En el Estado de derecho la actuación de sus integrantes está sometida incondicionalmente a la ley. Ni la mayoría puede promover una actuación institucional contraria a la ley, por eso ningún legislador debe aprobar decisiones hechas al margen de la Constitución y las leyes.
En un Estado democrático la ciudadanía, que es a quien corresponde por derecho la soberanía, otorga su poder al Estado, pero si las tres funciones principales del Estado recayeran en la misma persona, los ciudadanos nunca estarían seguros de que esa persona o la institución que representa no está utilizando en su propio beneficio el poder conferido.
Los filósofos políticos, John Locke, inglés y Charles Louise Montesquieu francés, sugirieron el desempeño de cada función fundamental del Estado a instituciones distintas, separadas e independientes entre sí: una que hiciera las leyes (poder legislativo), otra que la aplicara o ejecutara (poder ejecutivo) y una tercera (poder judicial) para juzgar si las leyes se cumplen e imponer sanciones a quien las incumpla. Juan Pablo Duarte, Padre de la patria, promovió un cuarto poder, el Poder Municipal.
Esta nación necesita dejar atrás las inequidades y que los elegidos para dirigirla en representación de sus ciudadanos asuman los valores con los cuales el pueblo decidió vivir, en un Estado Social y Democrático de Derecho, donde sea la ley la que impere.
El verdadero Estado Democrático requiere de un ejercicio más participativo y directo del pueblo: de un Poder Popular real y efectivo.