La libertad de Expresión no vale nada sin la libertad de Pensamiento.
José Luis Sampedro
Una pinta de sangre es la medicina más difícil de conseguir en la República Dominicana para salvar la vida de una persona con complicaciones de salud, que sufra un accidente o deba someterse a una cirugía. Ruéguele a Dios que jamás la necesite.
La falta de sangre en los hospitales públicos y clínicas es la evidencia más desgarradora y cruel del caos del Sistema Sanitario del país. Lacera y desequilibra diariamente a los enfermos que la necesitan, a sus familiares y amigos que deben correr locamente tras las “pintas” que prescriben los médicos.
Esa búsqueda es uno de los umbrales en que se experimenta dolor, impotencia y rabia ante el desastre sanitario, la deshumanización de algunos médicos, del personal paramédico y de los responsables de las entidades de servicios de salud.
El ciudadano que vive esa realidad intenta explicarse las causas de la frialdad e indiferencia predominante en los hospitales en la relación médico paciente y familiares, particularmente en el momento en que el facultativo ordena traer determinadas pintas de sangre.
La petición es chocante, lo es más para quienes no tienen idea de que en los hospitales la sangre para casos de emergencia hace años que no se tiene como un requisito importante, necesario. Piensan que, quizás, tantos años laborando sin recursos ha endurecido el alma de los agentes del sistema de salud y les suprimido el interés de sanar los enfermos.
Quien busca sangre, si tiene dinero, la compra a precio elevado en los bancos de sangre privados; si es un pobre de solemnidad o paciente sin seguro, va al banco de Sangre de la Cruz Roja. Generalmente la gente ignora que en esa institución para entregar la sangre se hace mediante un trueque y hay que llevar donantes para que se la den. Entonces es cuando la persona sale despavorida a buscar quien haga el favor: lo piden por la radio, por televisión y las redes sociales, entre los relacionados, en fin se vive un drama.
En medio de esa desesperación aparecen desalmados que trafican con el líquido ofreciendo la pinta a miles de pesos o dejan esperando la persona que desespera por la sangre.
En el Banco de Sangre de la Cruz Roja el proceso es dramático. El portero hace de director, paraliza a quienes llegan desesperados diciéndoles: -“al pasar esa puerta, la palabra emergencia se queda afuera, aquí esa palabra no se usa”.- Atónitas las personas observan a los empleados entregando unos formularios a los donantes para que los llenen con sus datos, a la media hora los recogen.
Otra media hora y sale el portero a preguntar si hay donantes que comieron, tomaron alcohol y cuánto tiempo hace; media hora más y una empleada empieza a llamar los donantes para llenarles unas fichas y comprobar si son aptos para donar; pasada media hora más, una bioanalista manda entrar los donantes de dos en dos para al fin sacarle el plasma.
En ese proceso transcurren unos cuarenta minutos, llaman al familiar del enfermo y le dan las facturas que tiene que pagar por las pintas de sangre, en todo ese tiempo, nadie le dice que se debe pagar 2 mil 200 pesos por cada funda de sangre.
Esa información es el colmo: la persona estalla en ira cuando no tiene esa cantidad de dinero, con resignación si los tiene, o reunirlos pidiendo auxilio ahí mismo a los presentes o salen despavoridos a colectar la cantidad requerida.
En esta situación pavorosa hay una enorme dosis de incapacidad administrativa del Sistema de Salud.
¿Cómo se expone la vida de un paciente en estado de emergencia? La sangre que recibe la persona no es la del donante, entonces, ¿por qué no se agiliza y se entrega mientras se procesa la del donante que lleva la familia?
El ministerio de Salud debería reactivar los bancos de sangre de los hospitales e iniciar un programa para obtener de las personas y familiares, de los usuarios y los ciudadanos donaciones de sangre. De esa forma la población se conciencia del problema y hace una costumbre la donación, evitando tanta desesperación y garantizando la satisfacción de un servicio que es deber indelegable del Estado.