Salvo en Cuba, los asuntos políticos de casi todos los países de Latinoamérica, el Caribe y de otras regiones del mundo se tratan dependiendo del interés que tengan los Estados Unidos de Norteamérica, que le impone su voluntad amparado en su condición de imperio.
La sumisión de muchos gobiernos a las políticas de los Estados Unidos, además de ser una vergüenza, es porque con ella adquieren impunidad para depredar el erario, conscientes de que a ese país lo que le importa son los asuntos que afectan sus intereses.
En la relación con los Estados Unidos, la República Dominicana ha llevado las de perder. En los primeros años del siglo pasado la invadieron e impusieron las reglas a su economía, orientándola a enriquecer algunos grupos en detrimento de la mayoría de habitantes.
Aquí aplicaron su política de transculturización y de manipulación para confundir a las personas, siendo el primer ensayo la caza inmisericorde contra los Gavilleros, muchos de ellos denunciados por los campesinos, atemorizados con las represalias que tomaban contra quienes acusaban de proteger a esos patriotas.
Ahora, en el devenir socio-político dominicano, los problemas de la República Dominicana no se conocen ni se ventilan por las acciones de las autoridades encargadas de velar por la aplicación de las leyes que rigen el funcionamiento de las instituciones públicas y las normas morales y sociales del país.
En los últimos años la población se ha agotado denunciando las irregularidades cometidas por funcionarios relacionadas a los derechos cívicos, políticos, humanos, sociales, ambientales y la administración del Estado, sin que nada pasara hasta que los Estados Unidos no se pronunciaron y ordenaron a los que ejercen el poder y son sus peones, actuar para que sus intereses aquí y en la zona, estén seguros.
El pueblo denunció la existencia de carteles de las drogas con nombres y señales, las actividades de lavado de empresarios nacionales y extranjeros, los abultamientos de los presupuestos de las obras del Estado, el tráfico de influencia y millones de pesos cobrados por funcionarios para asignar obras, licencias y permisos para cualesquier negocio o trabajo en el país y solo las autoridades medio se movilizaron cuando los Estados Unidos le ordenan frenar el desorden y el robo que lesiona sus intereses. Las sucesivas administraciones gubernamentales dominicanas no pueden alegar desconocimiento de las irregularidades en torno a la empresa brasileña Odebrecht cuyos ejecutivos establecieron relaciones casi familiares con los funcionarios de los ministerios de que dependían los proyectos que debían desarrollar.
¡Pobre República Dominicana, cuán vergonzante es tu existencia en el contexto universal!