Los gobiernos que ha tenido la República Dominicana desde el 1966 se han visto envueltos en escándalos que ponen en duda la seriedad, la honradez, la honestidad y la capacidad de los funcionarios y los mismísimos presidentes que se han ceñido la banda.
Desfalcar el erario valiéndose del tráfico de influencia y la impunidad ha facilitado a quienes ocupan una función pública enriquecerse a sabiendas de que es factible lograrlo porque hay una estructura que posibilita esos fines a cambio de compartir un poco del pastel.
Las inconductas de personas con posiciones en la administración pública que son consideradas referentes morales de la sociedad han contribuido a que la población perdiera la fe y confianza en el funcionariado que más de una vez se ha comportado como cuidadores de feudos en los que no tienen que rendir cuenta ni observar los mandatos constitucionales ni las leyes del país.
Esos comportamientos que la sociedad ha visto en funcionarios de entidades claves del orden social como la Junta Central Electoral, la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio de Medio Ambiente, OISOE y CORDE, han desbordado la capacidad de tolerancia del pueblo dominicano.
Los sobornos entregados por la empresa Odebrecht a funcionarios y políticos, la cesión de Valle Nuevo a familias influyentes, militares y políticos, la venta de los terrenos del barrio Los Tres Brazos son los escándalos que han motivado la reacción de la población, que se ha levantado para impedir que se continué sustrayendo al Estado los bienes y los recursos del país para entregarlos a personas y empresas privadas.
La población ha decidido luchar para que se apliquen las leyes que rigen la nación y las instituciones y que los funcionarios que no cumplan sus obligaciones siguiendo los procedimientos establecidos para cada ministerio con la debida ética, sean sancionados por la justicia sin contemplaciones de ningún tipo.
La manera medalaganaria como funcionarios públicos administran los recursos y dependencias estatales debe ser descontinuada y deben ajustarse a las leyes que las rigen. Hay que hacer sentir a quienes administran los recursos del Estado que no tienen licencia para actuar como les dé la gana o para apropiarse de sus bienes.
Valiéndose de la condición de presidentes, ministros, directores, encargados, gobernadores, supervisores, alcaldes, fiscales, jueces y demás autoridades usan su estatus para beneficiarse sin el menor temor a ser enjuiciados por faltar a las reglas y las normas éticas de la administración pública.