Diferentes en su naturaleza y características, pero muy similares en sus dolorosas consecuencias, los accidentes en vehículos de motor y la enfermedad que causa el virus SARS-CoV-2 están dando cuenta de numerosas vidas en República Dominicana y contra los daños personales y materiales de sucesos viales no existe, ni existirá nunca, un medio artificial que genere anticuerpos ni inmunidad al estilo de las vacunas.
Los decesos a que da lugar la pandemia han tenido al país afectado por parálisis sociales y productivas de altos costos y los contagios desafían continuamente al sistema sanitario acaparando la atención pública.
De su lado, al no ser vistos como epidémicos aunque los son, las colisiones y vuelcos en expresos y carreteras arrojaron en el año recién pasado un saldo letal de 1,867 víctimas superando las 1,833 atribuidas al coronavirus en el mismo lapso de doce meses.
Las imprudencias al conducir y la debilidad al aplicar la ley que debería hacer primar el orden en la circulación de medios de transporte terrestre constituyen una plaga que hiere poco la sensibilidad del país y genera unas alarmas estacionales de Navidad y Semana Santa que pierden intensidad semanas después.
Sus cifras anuales de defunciones, lesiones incapacitantes y destrucción de bienes denotan un vacío de ejercicios de autoridad que hagan cargar pesado a los infractores, sobre todo a los motociclistas, responsables permanentes de innumerables tragedias.