En noviembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia emitió una resolución que puso en vigencia, por adelantado, parte de las disposiciones del nuevo Código Procesal Penal, que comenzará a ser aplicado a plenitud a partir del 27 de septiembre de este año.

Esa resolución estableció que todo fiscal, policía o persona que esté ejerciendo la función de policía judicial, está obligada a notificarle al ciudadano, al momento de su detención, las causas del apremio corporal y el principio que le ampara, de no declarar contra sí mismo o sin la presencia de su abogado. Todo ciudadano detenido, según consta en la misma resolución, tiene derecho a una llamada telefónica para que pueda notificar de su situación a familiares, allegados o a su abogado.

Hemos citado solamente algunos aspectos de la protección que el nuevo Código Procesal Penal garantiza al individuo, para evitar que sea, como sigue siendo, lamentablemente, víctima de abuso de poder y desconsideración por parte, mayormente, de miembros de la Policía Nacional.

Una verdad deplorable es que mientras se actúa de este modo, contra la ley, la delincuencia sigue ganando terreno.

-II-

De la manera más campante, los miembros de la Policía han convertido en letra muerta esa resolución emitida por la Suprema Corte y ratificada luego por la Procuraduría General de la República. Los llamados «operativos», mediante los cuales se detiene a ciudadanos que no han sido sorprendidos en flagrante delito ni tienen en su contra orden judicial de privación de libertad, para ser «depurados» en las dotaciones policiales. En algunos casos estos arrestos se practican de manera atropellante y vejatoria. Pocas personas detenidas tienen la suerte de que se les permita realizar desde una dotación policial la llamada telefónica a que, según ordenó la Suprema Corte, tienen perfecto derecho.

Y quisiéramos poder afirmar que se permite la presencia de abogados en los interrogatorios a que se somete a detenidos en las dotaciones policiales, pero afirmarlo sería incurrir en una grosera falsedad.

-III-

Para colmo de males, es una ilusión que en cada destacamento haya un representante del Ministerio Público que dirija las investigaciones sobre ciudadanos bajo sospecha. Peor que eso, se dan casos en que fiscales han denunciado abusos y torturas cometidos por policías, como es el caso, que debe ser minuciosamente investigado, denunciado por Adolfo Portes Alcántara, fiscal de los destacamentos de Sabana Perdida, quien afirma que dos jóvenes fueron torturados en el cuartel de Barrio Nuevo para que admitieran su participación en un robo y que se intentó extorsionarlos para dejarlos fuera de un expediente acusatorio.

En un país en el cual la autoridad es la primera en pisotear las leyes -y la resolución de la Suprema Corte tiene carácter de ley- es poco lo que se puede hacer contra la delincuencia, pues no se la puede combatir al margen de una correcta administración de justicia. En las circunstancias actuales, el ciudadano común se ve obligado a batirse en dos frentes: defendiéndose por una parte de los delincuentes, y por la otra cuidándose de caer en manos de quienes siendo autoridad hacen de la ley pura letra muerta.