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En términos generales la Ley 122-05, que regula las asociaciones sin fines de lucro, es un paso de avance para la formalización de esas entidades, la descentralización en su incorporación, la clasificación por servicios y la rendición de cuentas.
Sin embargo, en su aplicación y en el propio instrumento aún existen fallas que deben ser corregidas.
Así lo considera la Alianza ONG, cuya directora ejecutiva, Addys Then, destacó que una de las necesidades es el fortalecimiento del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin fines de Lucro, que funciona en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
Este centro regula las relaciones entre el Estado y la sociedad civil y allí deben registrarse las entidades no lucrativas que quieran recibir fondos públicos.
De acuerdo a Then, el centro tiene limitaciones, sobre todo en cuanto a la habilitación de las asociaciones desde los ministerios. Explicó que como muchas ongs dependen de los presupuestos de algunos ministerios, tienen que existir comisiones en estos para agilizar los procesos de habilitación.
Then denunció que los ministerios no están creando las comisiones encargadas para regular las relaciones y establecer pautas mínimas de las organizaciones que deseen acceder a fondos estatales.
