Cual si estuviera pautado en la agenda de la fatalidad, aproximadamente cada dos años se repite una nueva tragedia que pone de manifiesto la urgente necesitada de aplicar la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, que establece en su artículo 47 que las actividades industriales deben localizarse a “una distancia que no afecte cuerpos de agua, edificaciones educativas, de salud o viviendas”.

“Hace 7 años explotó una planta envasadora de gas en Los Ríos; hace 5 años explotó Polyplas en Villas Agrícolas; hace 3 años explotó una envasadora de gas en Licey al Medio. ¿Notan que la negligencia humana y la falta de normas y fiscalización de las autoridades tienen un patrón?”, sostiene el urbanista Marcos Barinas al recordar tragedias anteriores.

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Para Barinas es importante tomar en cuenta que el artículo 48 de la Ley 368-22, promulgada en diciembre del año pasado, también dispone que el uso de suelo industrial será cambiado cuando se ha haga un desalojo forzoso de una industria peligrosa y nociva para las poblaciones cercanas.

El inconveniente en estos momentos, indica Barinas, es que el reglamento de la Ley 368-22 aún no se ha sido aprobado, lo que complica su aplicación.

Por otro lado, Barinas señala que no solo las industrias ponen en peligro a la ciudadanía: también sucede en los hogares porque muchas personas viven en casas y edificios rodeados de bombas de gas propano, lo que los expone a una explosión. Recientemente, vale recordar, una fuga de gas en un edificio de Punta Cana hirió a tres miembros de una familia.

A pesar de que es algo de sentido común, la gente olvida revisar la seguridad de las instalaciones, por lo que Barinas señala que siempre es oportuno hacerlo. Las autoridades municipales, por demás, están obligadas a supervisar los negocios que son aprobados para asegurarse de que se manejen bajo las normas de seguridad.