Ley de compras y contrataciones trae transparencia

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POR ALEIDA PLASENCIA
La aprobación en el Senado de la Ley de Compras y Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones del Estado constituye un paso de avance en la implementación de normas que permitan la puesta en marcha de un sistema nacional transparente, opinó el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).

Eduardo Valcárcel sostuvo que la aprobación de esta ley es de gran importancia en la implementación de reglas que permitan la puesta en marcha de un sistema nacional transparente de compras y contrataciones del Estado, “lo que se debe traducir en mayores ahorros y eficiencia en el gasto del gobierno”.

En declaración escrita, el presidente de ANJE señala que esta ley, además, viene a cumplir y viabilizar la armonización legislativa requerida para la implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica (DR-CAFTA).

Valcárcel abogó por la implementación inmediata de las disposiciones de esta ley, por ser imperativo contar con disposiciones legales homogéneas que incorporen las mejores prácticas internacionales y nacionales en la materia y contribuyan a garantizar un Estado más transparente, eficiente y competitivo.

Exigió trascender los bajos niveles de institucionalidad del país y consideró que “es preciso que fomentemos una cultura de cumplimiento de las normas legales, porque de lo contrario, de nada nos sirve dedicar tantos esfuerzos en legislar”.

Valcárcel, señaló no obstante, que resulta fundamental evaluar las recientes modificaciones que fueron incorporadas por la comisión especial del Congreso que estudió el citado proyecto de ley, y de manera particular, la exclusión de los tratados internacionales, acuerdos comerciales o de integración, convenios de préstamo o donaciones de otros Estados y de entidades de derecho público internacional” en el ámbito de aplicación de la ley. 

Por otro lado, Valcárcel resalta que el discurso del gobierno contra la corrupción y el mal manejo de los recursos públicos no es coherente con algunos hechos y casos acontecidos en la actual gestión.

“El decreto puente  63-06, de fecha 23 de febrero de 2006,  es una evidencia de ello: éste fue promulgado luego de que el Gobierno recibiera mucha presión, pero su entrada en vigencia fue establecida en dicho decreto para el primero de junio del 2006, es decir para varios meses después de su promulgación”.

Exhorta a todos los actores de la vida nacional a mantenerse vigilantes para contrarrestar las acciones que vayan en contra de los intereses de la nación y sugiere que a través del consenso se impulsen aquellas iniciativas realmente prioritarias “para la solución de los problemas que nos aquejan como país”. Cita como ejemplos palpables la crisis del sector eléctrico, la deficiencia del sector educativo, la creciente delincuencia e inseguridad jurídica que afectan directamente al clima de inversión y a la ciudadanía en general.

“Muestra de ello fue que, debido a las críticas y protestas, el gobierno dispuso la suspensión del convenio suscrito con Sun Land Group y Florida Export Financial Corporation para equipar a la Policía, hasta tanto el mismo no sea analizado por la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, salvaguardando así el interés nacional con la paralización de dicho convenio que ha sido ampliamente cuestionado”, concluye el presidente de ANJE.