La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia) trabaja en un anteproyecto de modificación a Ley 42-08, de Defensa de la Competencia, para hacer más eficiente los procesos y fortalecer las sanciones cuando los agentes económicos incurran en delitos en perjuicio del libre mercado.

La presidenta del Consejo Directivo de la entidad, María Elena Vásquez, explicó que la ley debe ser actualizada a los nuevos tiempos y trabajan en una cooperación técnica con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y otras entidades internacionales para conjuntamente presentar una modificación integral.

Vásquez prevé que entre agosto y septiembre de este año se presente un borrador de modificación.

Enfatizó que dentro de los aspectos de fortalecimiento se plantean mejorar los procedimientos para hacerlos más ágiles, accesibles y eficientes.

Y en cuanto al régimen de sanciones, hacerlo más claro, razonable, proporcional, disuasivo, incorporando las experiencias tanto locales como de otros países.

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Establecer de manera clara la ley

La directora de Promoción y Abogacía de la Competencia en la entidad, Merielin Almonte, destacó que la reforma estará enfocada en establecer de manera clara y más amplia en la ley las prácticas que se consideran contrarias a la competencia.

Dijo que serán mejorados todos los procedimientos de la ley porque algunos pueden complejizar el desarrollo de los procesos.

“Debe haber mayor claridad para que sean más eficaces y las normas den mayor seguridad jurídica a los agentes económicos sometidos a procesos y mayor certeza al ente que aplica la ley”, expuso.

Al participar en el Encuentro Económico, Vásquez y Almonte destacaron que el Consejo Directivo de la entidad dispuso mediante resolución que a partir de este año se inicien las mesas de trabajo para reglamentar de manera conjunta por cada sector la libre competencia en los sectores regulados.

En este sentido, en marzo tienen previsto convocar a la primera mesa de trabajo.

Participarán las entidades públicas encargadas de regular los mercados de energía, hidrocarburos, transportes aéreo, marítimo y terrestre, telecomunicaciones y derechos de la propiedad intelectual.