El país lleva 30 años fracasando en el intento de hacer una Ley de Partidos Políticos. La Junta Central Electoral (JCE) y por lo menos tres organizaciones políticas han sometido en ese tiempo seis proyectos con esos propósitos, sin éxito. Es evidente que estos grupos le tienen ojeriza a todo lo que signifique fiscalización de sus actuaciones, que a veces pasan por alto aspectos éticos. Esta vez estamos ante otro intento dominado por síntomas que hay que observar con cuidado.
Un elemento de preocupación es que la fuerza dominante en el Congreso parece interesada en mantener a la JCE a distancia de donde se baraja el tema. También se ha condicionado la posibilidad de un consenso sobre el proyecto, a pesar de que lo más saludable sería que cualquier acuerdo entre las organizaciones cuente con la orientación idónea de la Junta, que es el organismo llamado a aplicar y ejecutar el mandato de la Ley de Partidos y la Ley Electoral.
Además, la participación de la JCE en cualquier consenso le daría al resultado cierto toque de transparencia, muy necesario en tiempos en que un solo partido controla todos los poderes y tiene mayoría aplastante en el Congreso. Ya es tiempo de dejar de estar jugando al desacuerdo con tal de rehuir la imposición de controles sobre la existencia y actuaciones de los partidos.

Un lamentable retroceso

La sensación que produce al visitante el avanzado deterioro físico del hospital Doctor Pedro Emilio de Marchena, de Bonao, es que se está en Siria o cualquier otro país bajo constante bombardeo. Y para el personal que trabaja en este centro la sensación se traduce en un persistente temor de que la estructura colapse en cualquier momento. Ese hospital, construido en 1952, es uno de los 57 centros asistenciales que el Gobierno intervino para reparación, pero que siguen en deplorables condiciones.
Es altamente preocupante lo que pasa con obras de indiscutible utilidad, como hospitales, el Metro de Santo Domingo y otras, que han quedado abandonadas a su suerte mientras se destinan los fondos del Presupuesto a menesteres menos prioritarios. Estamos ante un lamentable retroceso en materia de inversión pública.