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SAN JOSE (AFP) – Una oleada de protestas y declaraciones de guerra social desató en Costa Rica la decisión legislativa de acelerar el trámite de una ley que pretende regular la inscripción de patentes sobre especies vegetales, complementaria del tratado de libre comercio entre Centroamérica y Estados Unidos.
La alianza de partidos de derecha que encabeza en el Congreso el gobernante Partido Liberación Nacional (PLN), del presidente Oscar Arias, decidió el jueves en forma sorpresiva aplicar al proyecto un mecanismo de vía rápida que permitiría su aprobación en pocas semanas.
Este, entre otros proyectos de ley, forma parte de la llamada agenda complementaria del tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, que aún es discutido por los diputados costarricenses y que enfrenta una fuerte oposición de fuerzas políticas y sociales de este país centroamericano.
La llamada ley de obtenciones vegetales es resistida por el opositor Partido Acción Ciudadana (PAC), la segunda fuerza legislativa, y otras agrupaciones políticas menores, así como por universidades públicas, organizaciones campesinas y grupos ambientalistas, que la califican de amenaza a la agricultura nacional y a la soberanía alimentaria.
El PAC aseguró que la moción (para darle trámite rápido al proyecto) se fraguó en forma secreta y contraviniendo los principios democráticos dentro del Parlamento.
La diputada Sadie Bravo, del PAC, advirtió que el acuerdo es ilegal porque el proyecto involucra aspectos tributarios y de legislación penal, a los que no se les puede dar trámites abreviados que la ley prevé para otras materias.
El proyecto establece tasas para la prestación de ciertos servicios públicos y determina la aplicación de penas privativas de libertad, establecidas en el Códig Penal, a quienes violen los derechos de propiedad sobre semillas o plantas patentadas.
Este proyecto ha sido dos veces archivado (por el Congreso) y pretende patentar las semillas y plantas, para entregárselas a las transnacionales de los Estados Unidos y robárselas al patrimonio del pueblo de Costa Rica, afirmó por su parte José Merino, el único diputado del partido Frente Amplio.
Es necesario que la población se movilice para derrotar esta agresión contra los recursos fitogeneticos del país, expresó el legislador.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) aseguró que la maniobra fue fraguada por el embajador de Estados Unidos en San José, Mark Langdale, y los partidos que conforman el bloque pro-TLC en el Congreso: el PLN, Unidad Socialcristiana (PUSC, derecha) y Movimiento Libertario (ultraderecha).
La confrontación social, abierta y profunda, ya es inevitable y se ha vuelto totalmente imprescindible, proclamó la agrupación sindical, una de las más radicales opositoras al acuerdo comercial con Estados Unidos.
Mientras tanto, el PLN consideró un triunfo la aprobación del trámite rápido para la ley de obtenciones vegetales y aseguró que las objeciones interpuestas por los opositores no tienen validez.
La jefa de la fracción legislativa del PLN, Mayi Antillón, aseveró que la norma no establece tributos, sino tasas por la prestación de servicios públicos específicos y que, por tanto, no legisla en materia tributaria.
Además, dijo, no se crean nuevas figuras delictivas ni se establecen penas, sino que se hace referencia a penas que ya existen en el Código Penal.
Una encuesta publicada por el diario La Nación la semana anterior reveló que el apoyo a la ratificación del TLC ha sufrido una fuerte caída en Costa Rica, pasando del 60% a sólo el 35% de la población, mientras que un 57% está en contra o prefiere que el proyecto sea discutido más ampliamente antes de que se tome una decisión.
