El ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, afirmó ayer que la  Ley  de Regulación Salarial del Sector Público es una legislación revolucionaria, que tendría un impacto extraordinario en la mayoría de servidores públicos, sobre todo los que tienen menores ingresos. 

Tras asegurar que la historia juzgará a quienes pretenden impedir la aprobación y aplicación del proyecto,  Ventura Camejo destacó el interés generado en la población por este debate. Recordó que un estudio reciente determinó que el 58% de los ciudadanos está pendiente de lo que suceda con este proyecto que beneficiaría a mediano y largo plazos a cientos de miles de servidores públicos y sus familiares.

Precisó que con esta ley se complementaría el proceso de transparencia y modernización de la administración pública que se ha llevado a cabo en los últimos ocho años, en correspondencia con los principios consagrados en la Constitución.

Ventura Camejo explicó que el artículo 138 de la Carta Magna establece que la administración pública está sujeta a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, transparencia, economía y coordinación.

Defendió el fundamento constitucional de la iniciativa legislativa, que en el artículo 144  indica que la ley establecerá las modalidades de compensación de los funcionarios del Estado, sin ningún tipo de exclusión de órgano estatal.

Defendió la facultad del Congreso Nacional para legislar acerca de toda materia que no sea competencia de otro poder, como de manera incuestionable dispone el artículo 93, literal D, de la Constitución.

 El proyecto en discusión congresional refuerza la Ley 41-08 de Función Pública, que en sus artículos 8 y 9 le otorga al Ministerio de Administración Pública facultad para elaborar y actualizar el sistema retributivo del personal del sector público en coordinación con los ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo y de Hacienda por vía de la Dirección de Presupuesto. Ventura Camejo dijo que como complemento de esta labor coordinada, la  ley faculta a la Contraloría General de la República al control de la nómina para evitar duplicidades y otras distorsiones.