La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) deploró que instituciones quieran ser excluidas de la Ley General de Salarios para el Sector Público  y abogaron porque la misma incluya a todas las entidades y  todos los funcionarios.

Más de 40 instituciones públicas han ido al Congreso Nacional en fila para procurar su exclusión de la ley de salarios.

El presidente de ANJE, Manuel Cabral, valoró como positivo este proyecto de ley, pues se tiene que tener una estructura clara de cómo van a ser los niveles salariales y a que gastos adicionales tienen derecho los  funcionarios.

La vicesecretaria de ANJE, Laura Peña Izquierdo, insistió en que no debe haber privilegio en la ejecución de esta ley sino que debe primar la equidad en todas las instituciones públicas.

El tesorero de la entidad, Eugene Rault Grullón, resaltó que la ley debe ser general para toda la administración pública, pues un funcionario es un servidor público que recibe fondos del país y como en cualquier empresa deben existir condiciones que rijan bajo qué situación se contrate a alguien, cuáles son las calificaciones del puesto, cuanto se pagará y cuáles serán sus cargas del trabajo. Cabral dijo que muchos ministros, viceministros y directivos se auto fijan su salario y establecen el de sus empleados discrecionalmente. “Debe haber una escala de salarios racional que haga sentido y que sea competitivo, no estamos diciendo que los que trabajen en el Gobierno tienen que tener un sueldo ínfimo, sino que debe ser regulado y racional”, destacó.

Cabral  entiende que la ley de salarios es un elemento vital a la hora de mejorar el gasto público.  

La frase

Patricia Bobea, directora ejecutiva de ANJE 

Ningún fondo que sea del Estado debe de quedar bajo la discrecionalidad de ninguna institución, pues si hablamos de equidad y transparencia en la ejecución del gasto, todas las instituciones entran dentro de esa regulación”.