La posibilidad de aplicar con buenos resultados la ley de primarias en República Dominicana está en serio cuestionamiento. Comenzando porque es  perjudicial que gruesos recursos captados de los contribuyentes (unos 700 ó 800 millones de pesos) tengan que emplearse en la organización a plenitud de las elecciones internas de los partidos políticos y que éstos sean dispuestos obligatoriamente para llevar a cabo  las elecciones de sus particulares intereses, bajo administración  de la Junta Central Electoral, un organismo de posibilidades y funcionalidades limitadas.

Más de una vez ha sido dicho con sobrada autoridad técnica y moral por entidades como Participación Ciudadana, especializada en la materia, y por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), que no existe la condición material ni institucional para que el sistema a cargo de la JCE opere de sopetón como el único medio a regir a los partidos para la tarea de seleccionar candidatos.

Ahora, poniendo la tapa al pomo, el director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), José Thompson, ha advertido a la Junta Central Electoral sobre los riesgos a que se expone si asume la organización de las elecciones primarias de los partidos. La advertencia fue revelada por el propio presidente del tribunal comicial, doctor Luis Arias.

Thompson ha señalado la ausencia total en el mundo de alguna experiencia que indique la aplicación exitosa de esta –a nuestro juicio malhadada- fórmula de intervención del Estado con signos de odiosa tutelaje.

-II-

Ha dicho bien el doctor Arias: la Junta no podría ir contra corriente, asumiendo costos excesivos en la aplicación a rajatablas de una ley adversada con argumentos muy razonables por fuerzas políticas.

Si se fuese, sin consenso, a obligar al fisco a pagar por los juegos y luchas internas de los partidos, estando en contra un amplio sector de la opinión pública  y una buena parte de las propias organizaciones partidarias, se estaría aplicando sobre el país una presión capaz de provocar una crisis política.

La nación ha ido superando con éxito las incertidumbres y riesgos asociados a los esfuerzos antihistóricos de un sector por imponer el continuismo, situación que  ensombreció el futuro.

Esta suerte de camisa de fuerza que serían las primarias de la JCE proviene de la ley hecha virtualmente a espaldas de la sociedad y podría considerarse como uno de los “logros” de la unilateralidad de un sector partidario que previamente tuvo que ser enfrentado vigorosamente por la oposición para que no se lanzara al sistema electoral dominicano hacia  el ominoso esquema denominado Ley de Lemas.

Hay que poner un alto al recurso de legislar a partir, exclusivamente, de lo que agrupamientos políticos consideren convenientes a sus intereses.

La ley de primarias debe evitarse; soberanamente la JCE debe decidir, en conciliación con todos los partidos, sobre la forma más práctica de rescatar aquello que de útil y práctico pueda tener esta reglamentación electoral, que debería limitarse a disposiciones esenciales de supervisión y vigilancia sobre el ejercicio democrático interno de los partidos.