La recién promulgada Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), ha causado revuelo en la sociedad civil y aunque el tema se ha politizado, son cada vez más los sectores que han entrado en el debate, sobre sus falencias y aspectos a mejorar.

Al principio parecía ser una normativa sin ningún tipo de ruidos ni contratiempos, hasta que la Sociedad Dominicana de Diarios elevara la voz de alerta, sobre algunos artículos que estarían entrando en conflicto con la Constitución dominicana.

Incluso, ahora organizaciones como el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como un bloque a de abogados liderados por el expresidente del CARD, Miguel Surún Hernández, sometieron un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, por supuestas violaciones a derechos fundamentales, no observados referida ley.

Y es que, según afirman, esta legislación otorga “demasiado poder a una sola persona”, como habría denunciado el expresidente y candidato presidencial Leonel Fernández, quien afirmó que esto le daría a un solo organismo, “más atribuciones que la CIA, el FBI, que la KGB en tiempos de la Unión Soviética y del Mosad de Israel”.

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“El  más grande retroceso institucional y democrático que la República Dominicana ha experimentado, desde la muerte de Trujillo para acá y es muy grave, en el sentido de que una sola persona tenga tanto poder, para intervenir lo público, lo privado, lo individual, los negocios, personas físicas, personas jurídicas y esto no puede ser”, denunció Fernández en la víspera.

Pero ¿por qué tantas reacciones negativas?

El jurista y politólogo Hidian Medina entiende que la razón por la que esta pieza ha sido tan cuestionada, es porque no hubo un trabajo mancomunado entre el Ejecutivo y el Congreso en el proceso de conocimiento de la misma, antes de su aprobación.

“Los ataques que se le han hecho a esta ley, donde se ha observado una serie de articulados que vulneran el orden constitucional, e incluso afectan varios derechos fundamentales, tenemos la llamada responsabilidad compartida, pues tanto los diputados y senadores, junto con la consultoría, debieron jugar un papel más estelar para evitar estas discusiones”, afirma Medina.

Entiende que “la sensación que se está dejando es que esos estamentos no operan de manera adecuada”, al tiempo de afirmar que es probable que el presidente Luis Abinader haya sido “sorprendido en su buena fe”, al confiar este estudio en su consultoría jurídica.

Actualmente existen varios recursos depositados ante el TC, que ahora tendrá la responsabilidad de conocer la polémica ley, que, entre otras cosas, permite condenas de entre dos y tres años de prisión para quienes se nieguen a brindar información solicitada por los organismos de inteligencia.