Durante casi dos décadas la clase política de nuestro país no se ha puesto de acuerdo ni ha podido consensuar una ley de partidos políticos; tampoco ha habido voluntad política de parte del oficialismo para modificar o reformar la ya obsoleta y anacrónica ley electoral 275-97; que aun modificándose la Constitución de la República el 26 de enero del año 2010 y promulgándose la ley 29-11, que crea el Tribunal Superior Electoral (TSE), dicha ley electoral paradójicamente contempla y establece en su artículo 6 la Cámara Administrativa y la Cámara Contenciosa, siendo jurídicamente un absurdo.

Transcurridas las anómalas, irregulares y ampliamente cuestionadas elecciones del 15 de mayo del 2016, los partidos que concurrieron desde la oposición a esas votaciones asumieron una agenda común, como: la conformación de la Junta Central Electoral, la integración de los jueces del Tribunal Superior Electoral, la modificación a la ley electoral y la creación de la ley de partidos y agrupaciones políticas. Los partidos que han trabajado intensamente desde las pasadas elecciones elaborando y consensuando entre ellos propuestas y sugerencias para ventilarlas con los congresistas y con los partidos pertenecientes al oficialismo se han encontrado con un partido y su comité político en el poder, hostil e intolerante y sin la más mínima voluntad política, sobre todo en el presidente de la República para aprobar dichas leyes electorales.

Conformada la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y escogidos los miembros y jueces de cada órgano de manera aviesa y unilateral por el PLD, los partidos de oposición continuaron su viacrucis y peregrinación visitando y consultando a los más diversos sectores de la vida nacional, recabando el más amplio apoyo y consenso que dé lugar a la aprobación en el Congreso Nacional de esos dos instrumentos fundamentales para la democracia y la institucionalidad del sistema de partidos en el país.

Los partidos de oposición en todo el proceso de análisis, discusión y propuestas han estado de acuerdo que la ley electoral sea la primera en ser modificada y aprobada porque ella es la ley marco, el referente en relación con lo que sería la discusión, debate, consenso y aprobación de la ley de partidos; sin la primera sería una incongruencia y una contradicción conocer y aprobar la segunda. La oposición ha hecho hincapié en que hay temas que se están dirimiendo en el proyecto de ley de partidos que deben ser del contenido de la ley electoral.

De forma mezquina y dictatorial el PLD y su comité político, sobre todo el presidente de la República, están obviando a la oposición en el proceso hacia el consenso de ambas leyes; ahora en discusión la ley de partidos políticos, contraviniendo todo intento de voluntad democrática. No solo están dejando fuera de los debates y discusión de propuestas a la oposición democrática, sino que hasta la misma comisión bicameral designada por el congreso para tales fines la han dejado a un lado y en la actualidad su rol para la cual se creó, dicha comisión está en el limbo.

La oposición plantea y aboga por una ley de partidos y una ley electoral que refleje y manifieste transparencia, equidad, inclusión, participación, régimen de consecuencias, institucionalidad y honestidad; pero preocupa ya, no solo a los partidos de la oposición sino a sectores empresariales, académicos, intelectuales, medios de comunicación y a la sociedad civil que “una fuerza política pretenda modelar uno de los ejes fundamentales de la ley de partidos; peor aún, una de sus tendencias, pese a un criterio muy extendido en las demás organizaciones” (Editorial El Caribe, jueves 5 de octubre de 2017).

La oposición, que representa los partidos: PRM, PRSC, AP, PHD, PQDC, APD, DXC, PRSD, FA, OD, PSC han afinado y consensuado temas neurálgicos que debe contener la ley de partidos políticos como: ampliar la cuota de la mujer y de la juventud en los cargos electivos, vigilancia y control de las contribuciones públicas y privadas, equidad en la propaganda y la publicidad en los medios de comunicación, poner un tope o límite de tiempo a la campaña, regular el financiamiento público y privado, sancionar y castigar el transfuguismo, que se apruebe el padrón de cada partido, que las primarias, asambleas o convenciones se ajuste a lo establecido en los estatutos de cada entidad política, siempre supervisado por la Junta Central Electoral. El tema de mayor debate, sin lugar a duda ha sido el relativo al padrón abierto y primarias simultaneas; pero esa discusión ha devenido en un tranque suscitado por el comité político del PLD.

La oposición se opone rotundamente al padrón abierto y primarias simultaneas, pues existe un precedente en la que fue declarada inconstitucional la ley 286-04 de primarias simultaneas y con el padrón de la JCE, según la sentencia del 16 de marzo del 2005 de la Suprema Corte de Justicia, pero además violaría la democracia interna de los partidos como lo establece el artículo 216 y lo preceptuado en el artículo 277 de nuestra Constitución, al indicar que “todas las decisiones judiciales que han adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la SCJ, hasta el momento de la proclamación de la presente constitución, no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia”.

Está claro desde todo punto de vista que al único que beneficia una primaria abierta es al que ostenta el poder, ese es Danilo Medina que aspira a reelegirse. La ley electoral y ley de partidos políticos deben descansar en la legitimidad, aprobación y credibilidad de toda la nación.