El país tiene que mantenerse alerta ante la tendencia oficialista de resolver a la velocidad de un rayo, asuntos de importancia vital para la salud de la precaria democracia que vivimos, como por ejemplo, la promulgación, a todo vapor, de la Ley de Régimen Electoral.
Igual se pretendió hacer con el discutido Pacto Eléctrico que se intentó firmar ignorando 10 puntos esenciales propuestos por el mayor partido de oposición, que busca transparentar aspectos violatorios a las normas y buena administración de las empresas eléctricas.
Volviendo al tema de la Ley de Régimen Electoral, esta fue promulgada de manera subrepticia atentando contra una conquista que ha costado mucho sudor, sangre y lágrimas como es la libertad de expresión, no solo para los medios de prensa, sino para el ciudadano común.
Esto se origina, no obstante la Constitución de la República y la Ley 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento, contemplar las sanciones correspondientes contra quienes cometan la violación de las normas que establecen estos instrumentos legales en el caso de difamación o injuria.
No conforme con estas previsiones legales y constitucionales, la nueva Ley de Régimen Electoral criminaliza con penas de hasta 10 años de reclusión lo que la epidermis sensible de algunos políticos corruptos, puedan considerar difamación o injuria contra ellos o las entidades políticas que representen.
Siempre he sido un abanderado de la lucha por la libertad de expresión y con el mismo ardor que defiendo el derecho a expresarse de cualquier ciudadano, periodista o no, critico las acusaciones groseras y mal intencionadas que se vierten, principalmente, por los medios electrónicos.
Pero de ahí a justificar este adefesio, hay un gran trecho.