En el contexto de las acciones del gobierno de Luis Abinader con miras al adecentamiento de la administración pública, la Ley de Extinción de Dominio, boicoteada en el Congreso Nacional desde el año 2010, parece que al fin resultará aprobada en base a la mayoría congresual que tiene el partido en el poder y a la firme voluntad del primer mandatario.

Al analizar el porqué de tantas dificultades para la aprobación de la referida ley, introducida en la Constitución del 2010, debemos remitirnos a su artículo 51 que establece que podrán ser confiscados o decomisados, mediante sentencia definitiva, los bienes de personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras que tengan su origen en actos ilícitos contra el patrimonio público o en el tráfico ilegal de estupefacientes o infracciones previstas en las leyes nacionales.

Aunque la referida ley data del 2010, los congresistas del mayoritario PLD en ese entonces, la metieron en el saco del olvido y aunque hubo varios amagos o simulacros con aparente intención de aprobarla, la verdad es que ahora, por primera vez, existe el ánimo de llevar el proceso a feliz término en el marco de la política de adecentamiento de la administración pública que ejecuta el gobierno de Luis Abinader.