El presidente de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Gran Santo Domingo (MGSD) y alcalde de los Alcarrizos, Junior Santos, así como el director ejecutivo de dicha entidad, Waldys Taveras, manifestaron ayer su respaldo a la modificación de Ley 225-20, General de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos de la República Dominicana y solicitarán a la Cámara de Diputados que dicho proyecto de ley sea tramitado y aprobado con carácter de urgencia.

Con la modificación la ley establece que el fideicomiso transferirá a los ayuntamientos y distritos municipales la suma mensualmente de 30 pesos por habitante lo que representarán 3,873 millones de pesos adicionales a sus ingresos estimados para el año 2025.

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Consideran que la modificación a dicha ley aprobada por el Senado de la República, constituye la base para la sostenibilidad integral del servicio de aseo urbano en sus dos fases fundamentales: el de la recolección, del co-procesamiento y la disposición final de los residuos sólidos, como fue el compromiso asumido por el presidente Luis Abinader con la sociedad dominicana.

Precisan que esta modificación a la ley fortalece el Fideicomiso de Residuos Sólidos, coloca de manera específica los límites y las responsabilidades de los actores en la prestación del servicio de aseo urbano y la sostenibilidad ambiental y de salubridad pública en que impacta la prestación eficiente de dicho servicio.

En los adelante tendrán sus responsabilidades claramente establecidos los ayuntamientos y distritos municipales, el Ministerio de Medio Ambiente, los prestadores del servicio contratados por las entidades públicas, los grandes generadores privados, y los ciudadanos que demandan y reciben el servicio y del Fideicomiso responsable de realizar los pagos por la realización de esta importante labor pública, señalaron Santos y Taveras.

Con este nuevo instrumento las empresas nacionales e internacionales que quieran invertir en el negocio del co-procesamiento, el rehusó de materiales reciclables como materias primas para la industria local y para la exportación tendrán la seguridad jurídica al establecerse por esta ley el tiempo de 10 años para los contratos de servicios, lo que significa que los cambios de partidos y de personas en la administración pública no generarán incertidumbre.

Citan otros beneficios que contiene la normativa como la regularización de manera general de las relaciones de prestación de servicios mutuos entre las distribuidoras de electricidad y las municipalidades con lo cual se garantiza un eficiente servicio de la iluminación pública en todo el territorio nacional.