El doctor Trajano Potentini, Presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, explicó que según  el artículo  69  de la Ley Electoral No. 275-97, los candidatos a cargos congresuales o municipales están suspendidos “ipso facto” desde el día en que la Junta Central Electoral (JCE) acepta la candidatura hasta el día siguiente de las elecciones de que se trate.

Asimismo, el jurista advirtió que podrían ser nulos de pleno derecho todos los actos en que participen estos candidatos en su calidad de funcionarios públicos.

El abogado refirió que el señalado artículo establece textualmente que  “todo funcionario o empleado público de los organismos autónomos del Estado y de los ayuntamientos, que, de acuerdo con la Constitución y las leyes, sean postulados por una agrupación o partido político para cargos de presidente y vicepresidente de la República, senador, diputado y síndico municipal y regidores, desde el momento en que su candidatura sea aceptada por la junta electoral correspondiente, quedará suspendido en sus funciones ipso-facto, con disfrute de sueldo, hasta el día siguiente de las elecciones”. No obstante, Potentini refirió que la Constitución establece el principio de igualdad  en su artículo 39, y que la redacción de ese texto se infiere que participar en unas elecciones congresionales y municipales manteniendo la administración de los recursos públicos rompe con el más elemental sentido democrático de la igualdad y con el principio de norma suprema prescrito por el artículo 6 de la Constitución.

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«La Fundación Justicia y Transparencia hace un ferviente llamado a los partidos políticos para que cumplan con las leyes, y así evitar la aplicación del artículo 258 del Código Penal contra los funcionarios-candidatos  electos en las venideras elecciones, pues lo que hacen es nulificar los actos jurídicos en que incurran desde el día en que la JCE aceptó sus candidaturas hasta el día posterior a las elección», acotó Trajano Potentini.