POR ALEIDA PLASENCIA
La presidenta de la Asociación de Industrias de la República (AIRD) se quejó ayer de que la Ley sobre Prácticas Desleales de Comercio, pese a que se promulgó en el año 2002, no ha sido puesta en funcionamiento.

Yandra Portela Vila explicó que dicha legislación no está en funcionamiento debido a que no se han designado los miembros definitivos de la comisión que tendrá a su cargo su aplicación y no se ha aprobado el reglamento de operación de la misma.

 En ese sentido, la empresaria solicitó al Poder Ejecutivo emitir con prontitud un decreto designando la terna de integrantes para la Comisión de Prácticas Desleales de Comercio, la que luego sería sometida al Senado a los fines de su ratificación.

Portela Vila señaló que a pesar de que la Ley 01-02 sobre Prácticas Desleales de Comercio fue promulgada en el año 2002, la misma no ha sido puesta en funcionamiento y los productores nacionales no han podido hacer uso de los mecanismos de defensa comercial que utilizan la mayoría de los países.

 Esto es debido a que no han sido designados los miembros definitivos de la comisión que tendrá a su cargo la aplicación de dicha Ley y no se ha aprobado el reglamento de aplicación de la misma, añadió.

“Debemos ser conscientes de que al estar inmersos dentro de un esquema de integración comercial, la competencia para los productores dominicanos no es a nivel local, sino a nivel internacional y que debemos aprender a hacer uso de las herramientas de defensa comercial establecidas por la Organización Mundial del Comercio y que ya están siendo utilizadas de forma efectiva  por nuestros socios comerciales”, explica Portela Vila en un documento de prensa.

Añade que “muchos de los países con los cuales hemos firmado acuerdos de libre comercio aplican grandes incentivos y hasta subsidian sus exportaciones, por lo que los productos importados de esos países podrían estar entrando al país con precios subsidiados, poniendo en riesgo a numerosos productores nacionales”.

Señala que la comisión cambiaria actuaba como un mecanismo de protección, pero que al desaparecer ésta, los instrumentos contra prácticas desleales deben ajustarse a lo planteado por la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo cual contribuye a su aplicación transparente.

La quiebra de empresas nacionales significa la perdida de empleo, lo cual es un lujo que el país no puede darse si quiere ver reducidos sus niveles de pobreza critica, sostiene Portela Vila.  Señala que el país no puede seguir inmerso en varios acuerdos de libre comercio y no estar aplicando leyes como éstas que son vitales en los esquemas de liberalización comercial.

“El empresariado está preparándose para competir internacionalmente y ha ido cambiando su mentalidad para abrir sus mercados hacia la exportación, pero se requiere que nuestras autoridades hagan lo mismo, aplicando los mecanismos de defensa y de política comercial que sean necesarios para que los tratados de libre comercio puedan resultar provechosos para el país”, precisa la empresaria.