Madrid. EFE. El objetivo del Gobierno español de elaborar una nueva ley para la interrupción del embarazo ha generado diferentes reacciones contrapuestas que superan el ámbito político para adentrarse también en el religioso y el jurídico.

Hace unos días, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, anunció el propósito del Ejecutivo de redactar una nueva ley del aborto y, para ello, se va a crear una comisión integrada por trece expertos entre juristas, ginecólogos y representantes de varios ministerios, que asesorarán en la elaboración del proyecto, que se enviará al Parlamento en el primer semestre de 2009.

La actual normativa sobre el aborto en España data de 1985 y se basa en su despenalización cuando se interrumpe en las primeras doce semanas de embarazo en el supuesto de violación, hasta veintidós semanas en casos de riesgos de malformaciones en el feto y sin límite en el supuesto de riesgo para la salud física y mental de la madre.

Desde entonces, las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en España al amparo de la ley han ido aumentando hasta situarse en torno a las 100,000 anuales en la actualidad.

En julio pasado, el partido socialista PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó una resolución para reformar esa ley y ahora el Gobierno ha hecho suya la idea para incorporar al nuevo texto “lo mejor de la legislación en el mundo” en ese ámbito, en palabras de la ministra Aído.

A falta de más precisiones, su colega de Sanidad, Bernat Soria, explicó hoy desde las páginas del diario “El País” que a su juicio la mejor solución sería “la combinación de una ley de plazos (fijar un período temporal dentro del cual abortar libremente) con unos supuestos que permitan garantizar el derecho”.

Soria recuerda que la ley en vigor tiene más de veinte años y que en ese período ha habido avances técnicos y científicos para conocer mejor la viabilidad del feto.

Rodríguez Zapatero intervino ayer en un acto de su partido y manifestó que l

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El Gobierno

Confía en encontrar un amplio consenso en torno al trabajo de la comisión y a su iniciativa, aunque la oposición conservadora que representa el Partido Popular (PP) ha emitido algunas críticas que han llevado al propio Rodríguez Zapatero a calificarlos de “hipócritas” por apuntar, según él, que con esa norma se divide el país. El asunto ha trascendido el plano político y se ha abierto paso en otros ámbitos. Así, la Iglesia católica, que en la anterior legislatura tuvo varios conflictos con el Ejecutivo socialista también salió.