El primer empleo público de Anna Moeller fue como gerente adjunta de aldeas en el caserío de Lake in the Hills, Illinois. Ella aceptó el salario de US$40.000 que le ofrecieron, pero luego supo por su jefe que si hubiera pedido más, se lo habrían dado.
Los hombres no suelen tener ese problema, uno de los motivos por los cuales persiste la desigualdad salarial entre los géneros. Eso se agrava por el poder de los antecedentes salariales para determinar la remuneración a futuro, y Moeller, actualmente legisladora estatal de Illinois, presentó leyes para ayudar a nivelar el campo de juego.
El proyecto de ley de Moeller prohibiría a los empleadores preguntar por salarios anteriores como parte del proceso de contratación, según el modelo de una ley promulgada el año pasado en Massachusetts. La National Conference of State Legislatures cuenta el de Moeller entre más de 60 proyectos de ley pendientes en más de 20 estados que buscan enfrentar la persistente realidad de que en todo el país, las mujeres siguen ganando 82 centavos de dólar por cada US$1 que gana un hombre.
Reducir esa brecha fue una de las prioridades del presidente Barack Obama, desde que firmó la Ley Lilly Ledbetter de Salarios Justos en enero de 2009 hasta el Compromiso de la Casa Blanca por un Salario Equitativo, firmado por más de 100 empresas en 2016.
Estas últimas semanas, el presidente Donald Trump revirtió parte de las protecciones de la era Obama para las trabajadoras, como el requisito para elegibilidad para contratos federales de que las empresas divulguen los salarios y la remuneración de sus empleados.
“Los estados deben asumir un papel más protagónico para garantizar la igualdad salarial de las mujeres”, dijo Susan Lee, una senadora estadual de Maryland. “Esto se ha vuelto todavía más importante ahora, porque no creemos que ni el Congreso ni el presidente impulsen nada sobre la igualdad salarial”.
Se avanzó poco en el decenio pasado. No se proyecta que las estadounidenses alcancen la paridad salarial completa hasta 2059, dijo el Institute for Women’s Policy Research.
Los legisladores están ansiosos por apurar los tiempos. La avalancha de proyectos de ley de este año llega después de un 2016 activo en el que 36 estados presentaron al menos un proyecto y seis —California, Delaware, Maryland, Massachusetts, Nebraska y Utah— promulgaron nuevas normas que dificultan que las empresas defiendan los salarios desiguales y facilitan su detección por los empleados, dijo Kate Nielson, analista de políticas estaduales de la American Association of University Women. Media docena más de estados podrían aprobar una nueva norma este año.
“El hecho de que aceptar una oferta más baja al comenzar la persiga a una durante toda su carrera porque las empresas basan sus ofertas en lo que una ganaba en su empleo anterior termina siendo mucho dinero. El salario debería basarse en el valor del trabajo dentro de la organización y el mercado”.