Leyes impiden castigar evasores

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POR SOILA PANIAGUA
El director de Aduanas, Miguel Cocco Guerrero, dijo ayer que la estructura actual de las leyes dominicanas impide a la administración tributaria aplicar todo el peso de la ley a los infractores y evasores de impuestos.

Manifestó también que la justicia dominicana tiene muchas debilidades que impiden que se puedan aplicar las leyes equitativamente, inclinándose muchas veces a favor de los económicamente más poderosos.

Cuestionó la actuación de algunos jueces en los casos  relacionados con la evasión fiscal y llamó a los dominicanos a hacer conciencia y tratar de ser autocrítico en cuanto al manejo judicial y la corrupción, que aseguró permea la sociedad.

Manifestó que las leyes existentes no se corresponden con la estructura actual de la sociedad, el desorden y la falta de conciencia que impera en la población.

“La sociedad ha querido maquillar tanto las leyes que ha dejado huérfana  a la propia administración del Estado. Queremos un Estado privatizado, queremos que el Ministerio Público sea independiente, que un comprado sea independiente, queremos todo para el sector privado”, sostuvo el funcionario.

Afirmó que el país requiere de un Ministerio Público que domine el código tributario, no como una cartilla de analfabetos, sino con imaginación y transparencia.

Cocco expuso sus conceptos al participar en una mesa redonda organizada por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) con el tema “La transparencia en las recaudaciones nacionales”.

Opinó que quienes aplican justicia en el país “no dejen de soslayo los códigos de áreas específicas, como son el Tributario, el Monetario y Financiero y la Ley de Aduanas. Que no obren y actúen, como un caballo que tiene anteojera y camina con foetes, sino que tengan la amplitud de conocimientos necesarios para no circunscribirse a un catecismo que no deja de ser una religión”.

Abogó por una mejor distribución de la carga fiscal, porque como está los más ricos apenas pagan el 18%, mientras que sobre el 82% del pago de los tributos cae sobre las personas de menos ingresos, porque la generalidad de los impuestos son indirectos.

Cuestionó que el sector privado quiera que sólo sea el Estado el que renuncie a los ingresos.

Afirmó que la República Dominicana tiene una presión tributaria muy baja, de apenas un 15%, mientras que en la mayoría de las naciones esta supera el 40%.

“Con ese desequilibrio injusto, indefendible, se pretende que la reforma fiscal tienda a favorecerlos más”, expresó.

  Defendió la actuación de la Dirección de Aduanas en el caso de las últimas incautaciones de mercancías que entraron al país sin pagar los impuestos reglamentarios.

Consideró injustificable y una burla al aparato tributario, que un juez de amparo decida devolver vehículos reportados y documentados como robados.

Se preguntó que en qué parte el Código Penal establece la potestad de un tribunal de primera instancia, “culturalmente  analfabeto, que no conoce leyes tributarias particulares”. “Sencillamente porque la justicia no está reglamentada en la formación y la documentación, ni el nivel cultural”, sostuvo.

En otro orden, que en los últimos seis meses el sector privado se ha ahorrado un 70 por ciento, unos RD$5,000 millones  en sus costos de operaciones, con  el retiro de mercancías de las aduanas por efecto de la aplicación de  una serie de medidas que agilizan y transparentan el proceso.