El ex miembro de la Junta Central Electoral (JCE) José Ángel Aquino postuló ayer que la legislación actual cuenta con las disposiciones necesarias para garantizar la transparencia de los fondos que reciben los partidos políticos en procesos electorales, pero estos no se aplican por la ausencia de mecanismos para que esas disposiciones se ejecuten.
Puso como ejemplo la Ley Electoral que en su artículo 55 establece que “solo se considerarán lícitos los ingresos provenientes del Estado canalizados a través de la JCE y las contribuciones de personas físicas quedando terminantemente prohibidos los aportes de grupos económicos, gobiernos e instituciones extranjeras y de personas físicas vinculadas a actividades ilícitas”.
Explicó que el violentar eso se considera un delito electoral y la propia Ley tiene su mecanismo de sanción que contempla prisión correccional de tres meses a un año y multas de 2000 a 5000 pesos.
Además, explicó, también existe la Ley de Libre Acceso a la Información Pública que en el artículo 4 precisa que la obligación de rendir información se extiende a “todo organismo legal o constituido o en formación que sea destinatario de fondos públicos, incluyendo los partidos políticos constituidos o en formación, en cuyo caso la información incluirá la identidad de los contribuyentes, origen y destino de los fondos de operación y manejo”.
Aquino dijo que las citadas disposiciones son muy precisas, con ellas se puede trabajar sin dificultad. “Por eso una parte esencial es fortalecer los mecanismos de los responsables de aplicar la ley, en ese caso la JCE y el Tribunal Superior Electoral (TSE), y establecer algún mecanismo de control de los delitos electorales”, expresó tras señalar que hay modelos en América Latina que tienen un mecanismo de supervisión para prevenir estos delitos.
JCE debería investigar denuncia Odebrecht. Para Francisco Álvarez Váldez, tras la denuncia de que la empresa Brasileña Odebrecht habría financiado la campaña electoral en el país, la JCE debería tomar la iniciativa de iniciar una investigación como hizo el órgano electoral en Brasil, para establecer la realidad.
Sin embargo, Aquino dijo que, en ese sentido, el órgano electoral tiene limitantes que le impiden actuar. Puso como ejemplo que en el pasado proceso electoral se les presentó un conflicto con la investigación de supuestas exoneraciones de vehículos, porque la JCE no tiene derecho a secreto bancario ni a derecho tributario.