El titulo viene de una expresión que habré leído hace décadas de un autor extranjero, para referirse a la diferencia entre la cultura legal en los países anglosajones y los latinoamericanos: ellos hacen leyes flexibles, pero de cumplimiento rígido. Nosotros hacemos lo contrario.
Desde hace mucho tiempo una parte de la sociedad dominicana viene promoviendo la aprobación de un conjunto de leyes destinadas a constituir un Estado más moderno, una gestión pública más transparente y eficiente y un sistema político más democrático.
Tras muchos logros en la aprobación de leyes dirigidas a tales fines, a veces uno termina preguntándose para qué han servido. En mis años de participación en asambleas y reuniones de Transparencia Internacional, sentía envidia de algunos colegas de otros países cuando informaban de sus éxitos en afrontar algunos temas de corrupción mediante la aprobación de una ley que dispusiera o prohibiera actuar de una u otra manera.
Y todavía hasta hace poco me admiraba de la confianza con que mis compañeros de Participación Ciudadana insistían en la necesidad de que se aprobara una ley de partidos y otra electoral, bajo el entendido de que se corregirían muchos problemas de la democracia dominicana.
Tenía que apoyar la idea, bajo el entendido de que siempre es mejor disponer del instrumento legal. Pero, pensándolo bien, ¿qué problema ha resuelto la sociedad dominicana en las últimas décadas mediante la aprobación de una ley? Y cierto que hemos aprobado muchas, incluyendo algunas muy buenas. La experiencia muestra que, para aquellos que quieren hacer lo mal hecho, dichas leyes no han constituido ningún impedimento. Siempre encuentran la brecha por donde burlarlas, sin mayores consecuencias.
Para los que sí ha tenido enormes consecuencias es para los funcionarios honestos que, por mucho que la gente crea lo contrario, constituyen la mayoría. No conozco a ninguno que, intentado aplicarlas bien, no haya terminado echando maldiciones.
Los problemas se inician con la primera ley que afronta cualquier funcionario que llega a un cargo público: la Declaración Jurada de Patrimonio. Lo primero es que hay que seguir unos procedimientos y llenar una plantilla electrónica extremadamente engorrosos.
Obliga a buscar datos a veces irrelevantes o que podrían ser impresos desde una computadora, o pide información que el cuestionario no admite llenar correctamente. Como ejemplo anecdótico, el suscrito tiene un familiar que trabaja en un municipio. Pero al llenar el cuestionario hay que aclarar si el trabajo es en una institución pública o privada. Como no admite instituciones públicas que no sean dominicanas, te quedan las siguientes opciones: 1) negar la existencia del familiar, 2) decir que no trabaja o, 3) decir que es en una empresa privada. Cualquiera de las tres es falsa. Por suerte, creo que nadie entendió, porque estaba escrito en sueco.
Lo increíble es que con todo lo complejo que es, en la práctica no sirve para mucho, pues es conocido el caso de un funcionario que declaraba ser pobre cuando era ampliamente sabido que es rico, mientras otros declaran ser ricos sin que puedan explicar su riqueza.
Pero eso es solo el principio pues,bien sea en el texto legal o en su reglamentación e instrumentos de aplicación, los procesos de contrataciones, de gestión de personal, de control interno y de pagos se han complicado tanto, que cumplirlos al pie de la letra se puede convertir en una tortura para el funcionario que quiere actuar de buena fe.O para el empresario, pequeño comerciante o prestador de un servicio, someterse a las reglas y después cobrar a tiempo, la tortura puede ser mayor.
También puede ocasionar efectos contraproducentes, como encarecer las compras, o proteger empleados deficientes al tiempo que dificulta promover los más facultados. En definitiva, esto se parece a una relación “perder-perder”.
Y la verdad es que, en mi caso, después de haber estado de ambos lados de la mesa, primero desde la sociedad civilpostulando por su aprobación, y después empeñado en su aplicación, se llega a la conclusiónde que se necesita una nueva ola de reformas orientada a hacerlas más prácticas, pero asegurándose de su cumplimiento estricto.
En general, los procesos están provocando una rigidez terriblede la gestión pública, habiendo logrado resolver muy poco de los problemas que estaban supuestos a enfrentar.