LOYDA PEÑA
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El proyecto de Ley de Partidos del Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE) crea un régimen que penaliza  el uso de los recursos del Estado, la compra de conciencia y las contribuciones ilícitas, entre otras actividades consideradas violatorias a la legislación.

Asimismo, faculta a los tribunales penales del Poder Judicial, para juzgar y aplicar las sanciones correspondientes a las infracciones establecidas, ya sea por iniciativa de la junta Central Electoral (JCE) o cualquier parte interesada.

Por el uso de los bienes del estado  o los fondos públicos, de las provincias o los municipios en provecho de los candidatos; por influir por medio de coacciones, sobornos, dádivas y otros sobre los ciudadanos para obtener votos, o para provocar la abstención electoral, los partidos tendrán que pagar multas de RD$1 millón a RD$2 millones.

 Los que violen las disposiciones relativas a las contribuciones ilícitas, serán penalizados con una multa de RD$1 millón,  suspensión del financiamiento público por uno o dos períodos consecutivos, o  la devolución de las sumas ilícitas, en el caso de que proceda.

 Cuando se compruebe la ilegalidad del financiamiento, los candidatos, partidos o asociaciones políticas locales y personas públicas o morales responsables, serán condenados al pago de una multa “doble” a la contribución ilícitamente aceptada; y en el caso de los partidos políticos, estos  además serán privados del derecho de financiamiento por reposición.

El proyecto contempla también sanciones para los afiliados a los partidos políticos, la violación de los estatutos partidarios, la renovación de los órganos internos y de los derechos y deberes de su militancia.

A los miembros de las organizaciones políticas que se apropiaren indebidamente de los recursos partidarios para destinarlos a uso distinto al que estén regularmente asignados, se le aplicarán las penas previstas en el artículo 408 del Código Penal.

Se contemplan  también sanciones de RD$50,000 a RD$500,00 para las personas físicas y morales que no sean partidos ni agrupaciones políticas locales o aficialiadas, que cometieren infracciones a la presente ley.

De acuerdo con el proyecto de ley, las acciones penales derivadas de las infracciones a la legislación, prescriben a los cuatro años.

Contribuciones Ilícitas

El proyecto de ley considera como “ilícitas” todas las contribuciones a los partidos provenientes de cuaquier persona moral de derecho público, salvo la estatal que se otorga por ley.

También los aportes de gobiernos e instituciones extranjeras, excepto los de organizaciones de carácter académico, recibidas para la formación política.

Si embargo, éstas deben ser aprobadas por el órgano superior del partido que los reciba, y homologado por la JCE.

Se consideran ilícitos además las contribuciones provenientes de personas físiscas o jurídicas vinculadas a actividades ilegales; los préstamos o concesiones que superen el 30% del financiamiento público, los aportes anónimos, los provenientes de grupos económicos; las contribuciones exigidas a subordinados, y la de contratistas del estado, cuando estas superen el 1% del valor anual de sus contratos.

En caso de violación de sus normas estatutarias básicas, la JCE conminará al partido infractor a regular su estatus en un plazo preciso, y si éste no diere cumplimiento a las recomendaciones del organismo electoral, éste dispondrá la suspensión de derecho de presentación de candidatos del partidos. Esa suspensión será levantada cuando cesen las violaciones.

  Difiere de Ley Partidos del CONARE

El profesor universitario José Antinoe Fiallo, afirmó ayer que el anteproyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Polìticas que promueve el Consejo Nacional para la Reforma del Estado (CONARE) es una continuidad del sistema de partidos existente en el país, el cual dijo, está centrado en la hegemonía de “partido” y  de la “sociedad del poder”.

Señaló que aunque en la propuesta del CONARE se incorporan “justificaciones” y nuevas formas de abordar algunos temas, en el fondo la misma da continuidad a un sistema político y de organizaciones políticas que no expresan la dinámica real y el imaginario de las mayorías populares.

Las consideraciones del doctor Fiallo están contenidas en un análisis reflexivo y crítico que hizo de  algunos  aspectos o elementos constitutivos del proyecto, copia del cual envió a HOY.

Criticó la hegemonía que la iniciativa de ley le da a la categoría llamada “partido”, y la desvalorización que le confiere a la denominada “agrupación política local”. Reflexionó además sobre   la “insistente visión de continuidad conservadora” que tiene el proyecto, al asociar la forma de organización política a la legitimidad y legalidad estatal, de los órganos del estado como instancias garantes del orden social injusto.

“Me parece pertinente decir que el Anteproyecto no procede como alternativa a un contexto de dominación muy concreto, y es continuidad del esquema convencional, conservador”, opinó Fiallo.