El Presidente Leonel Fernández declaró anoche de emergencia la adquisición de equipos de alta tecnología para evitar que los reclusos  hagan y reciban llamadas telefónicas que les permita dirigir desde las cárceles actos  de asesinatos y tráfico de drogas. La medida, adoptada por razones de “seguridad nacional”, está contenida en el decreto 564-11.

El presidente Leonel Fernández declaró anoche de emergencia la adquisición de equipos de alta tecnología para evitar que los reclusos  tengan acceso a comunicación por teléfonos celulares, y de esa forma dirigir actos  como asesinatos y tráfico de drogas  desde las cárceles.

La medida, adoptada por razones de «seguridad nacional», está contenida en el decreto 564-11 y procura la compra de inhibidores para bloqueo de señales enviadas y recibidas a través de teléfonos celulares y de datos en los centros penitenciarios.

La disposición fue dada a conocer anoche por la Dirección de Información, Prensa y Publicidad de la Presidencia, en momentos en que los organismos de seguridad  preparan un plan “para ser ejecutado a la mayor brevedad”. El bloqueo de las señales telefónicas forma parte de las medidas anunciadas por el presidente Fernández durante un panel  en Santiago.

El  decreto señala que “por razones de seguridad nacional se declara de emergencia la adquisición e instalación de equipos inhibidores que sirvan para bloquear las señales enviadas y recibidas por los dispositivos terminales de telefonía móvil y de datos en los centros penitenciarios, con sus sistemas de respaldo energético para permitir su funcionamiento ininterrumpido e impedir de manera eficaz que los reclusos puedan utilizar dispositivos de telecomunicaciones personales”.

Con la medida comisionó al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones  para que gestione la adquisición e instalación de los equipos y para que determine los criterios y los procedimientos a utilizar por las empresas telefónicas.

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Función Indotel

Indotel determinará  los criterios a utilizar por las telefónicas para suspender los servicios de telecomunicaciones contratados o utilizados por los reclusos y al bloqueo de los equipos terminales, en los casos en los que sea procedente. Conforme al decreto,  también deberá requerir la colaboración de esas empresas  para minimizar el nivel de potencia de sus señales en los presidios, cuando sea técnicamente posible.