El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Naciona ratificó el archivo provisional del proceso inciado contra el nacional iraní Alí Bitazar y la señora Griselda Sánchez Castro de Júpiter, por presunta comisión de crímenes de alta tecnología en perjuicio del Estado Dominicano, y ordenó su inmediata puesta en libertad.

Las magistradas Leticia Martínez Noboa, juez suplente, y Joselín Hidalgo, acogieron así el dictamen del titular de la procuraduría especializada contra crímenes y delitos de alta tecnología, Enger Reyna, del pasado 10 de octubre, en el que pidió el archivo provisional y levantar el cese de cualquier medida de coerción.

En su Resolución número 847-2014, del 13 del mismo mes, las juezas Martínez Noboa e Hidalgo señalan que conforme al artículo 281 del Código Procesal Penal (CPP), el Ministerio Público puede disponer el archivo del caso, entre otras cosas, “cuando no existen suficientes elementos para verificar la ocurrencia del hecho; por un obstáculo legal que impida el ejercicio de la acción; porque no se haya podido individualizar al imputado, o porque los elementos de prueba resulten insuficientes para fundamentar la acusación y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos”.

La investigación. Bitazar, de 34 años, fue arrestado en mayo del 2013 para ser investigado por el DNI y autoridades de los Estados Unidos, sobre su posible vínculo con grupos terroristas, de los que se sospecha son responsables de la desaparición del avión de Malaysia Airlines.

Esto, debido a que se detectó que compraba equipos de alta tecnología que traía a la República Dominicana donde le retiraba la “tarjeta madre”, la sustituida por otra, y luego los enviaba a Malasia. Uno de esos equipos habría costado US$125,000. En junio, el Ministerio Público confirmó que Bitazar es del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC), y pidió prisión preventiva en su contra, cuya revisión fue conocida por las juezas Martínez Noboa e Hidalgo, quienes la cesaron.