La libertad de expresión se reconoce como un derecho de primer orden en virtud del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese artículo establece que todos podrán expresarse sin interferencia. Esa facultad se ejerce de forma oral, escrita o mediante cualquier medio de comunicación social.

     Tradicionalmente la prensa ha sido afectada por atentado contra los medios informativos, restricciones a la circulación de información,  monopolio de medios, maridaje entre medios y gobiernos, entre otras conductas que afectan a la libre expresión.

     La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) es el organismo que tiene el mandato de defender la libertad de prensa y  de información, por ser básica para la protección y promoción del resto de los derechos humanos.  Y el 3 de mayo de 1993 fue proclamado como el día mundial de la libertad de prensa.

     En nuestro país la censura de prensa ha estado presente desde el nacimiento del periodismo dominicano, aunque los actos más escandalosos se registraron en la tiranía trujillista y, en ese mismo orden de importancia, en los doce años de Joaquín Balaguer (1966-1978), en los que hubo actos de excesiva censura, llegando al extremo de asesinar a periodistas que disentían de la política gubernamental. Se observó también gran estado de temor (autocensura) de parte de muchos medios y de periodistas, que no se exponíanal terror político prevaleciente en la época.

     Han pasado varias décadas de esa afrenta para la prensa nacional, pero aún se registran muchos casos de censura, donde autoridades vinculadas a los gobiernos del PLD han impedido la divulgación de programas televisivos grabados,  interviniendo  ante los propietarios de medios audiovisuales, una vez enterados de los contenidos.

     Muchos productores de espacios en la radio y en la televisión dominicanas han sido excluidos por presiones de sectores gubernamentales. También se denuncia que reporteros han sido despedidos de medios de comunicación por presiones de funcionarios. Han cancelado a reporteros hasta por formular preguntas que determinadas fuentes califican de capciosas.

     En las dos décadas del presente siglo hay quienes atribuyen retroceso de la libertad de prensa en la República Dominicana, citando múltiples casos de censura y de autocensura periodísticas, contra comunicadores reconocidos, como son los casos de Nuria Piera, Marino Zapete, Huchy Lora, Juan Bolívar Díaz, entre otros.

     También, en la pasada campaña electoral,  se denunciaron actos de censura gubernamental contra la divulgación de estudios de opinión, contrarios a los intereses del partido oficial. De igual modo, algunos propietarios de medios, recibieron presiones, se les  despojó de  publicidad gubernamental y les tiraron a Impuestos Internos.

    Hubo temor periodístico, hasta hace pocos años, a figuras determinadas de la Iglesia Católica. Y hay  temor a oficiales policiales, militares y ni decir a individuos vinculados al narcotráfico, actividad que casi a ningún comunicador le agrada tocar en sus comentarios, por tratarse de un mundo tenebroso y oscuro, que en los últimos tiempos ha contado con la complicidad de autoridades civiles y militares.

    En tal sentido, el periodista, muchas veces, tiene que someterse a una rigurosa selección, semantización y divulgación de materiales, lo que se inscribe en la autocensura. Es una forma de asegurarse que los mensajes a publicar,  por algún medio de comunicación social, no les generan problemas. 

      En todo el territorio nacional, de forma regular, se denuncian casos de periodistas que son objeto de persecución por autoridades gubernamentales, policiales, judiciales y sujetos del bajo mundo.

    No constituye un secreto, además, que un alto porcentaje de los comunicadores dominicanos han tenido sus teléfonos intervenidos. A los comunicadores sociales dominicanos, sobre todo aquellos que denuncian corrupción pública o vínculo de autoridades con el narcotráfico, les hackean su cuenta de correo electrónico através de técnicos al servicio de los propios organismos de seguridad del Estado. Esa práctica delictiva se hizo una norma en los 20 años de gobierno del PLD, donde el DNI ha llevado la voz cantantante.

     A muchos comunicadores sociales, de los que suelen denunciar excesos de las autoridades gubernamentales, les aflojaban las tuercas de los neumáticos delanteros de sus vehículos, atentado terrorista que le atribuyen a la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI). ¿Cuántos comunicadores sociales han perdido la vida en accidentes de tránsito inducidos? Ese tipo de atentado criminal lo he denunciado en la prensa nacional, a través de artículos de opinión, desde el mes de marzo del año 1998.

     El momento es oportuno para empezar con las querellas y los sometimientos formales ante la justicia, contra todos aquellos que se han aprovechado del poder para ocasionar daños a la libertad de prensa.