El juez Cirilo Salomón, de la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial, impuso ayer martes presentación periódica, impedimento de salida del país y el pago de RD$10 millones como medida de coerción para los cuatro ejecutivos de la envasadora de gas propano que explotó el pasado 3 de octubre. El siniestro provocó la muerte de once personas, en el municipio de Licey al Medio.

La medida fue tomada contra Aurilio Concepción, presidente de la planta de gas de la Cooperativa de Producción y Servicios Múltiples La Económica (Coopegas); el gerente general, Héctor Ramón Vásquez Sandoval; Roberto Antonio Polanco, encargado de operaciones, y Emilio Yan, encargado de la estación.
En torno a la garantía económica, se explicó, se impuso a través de una empresa aseguradora.

Seis horas. El conocimiento de la medida de coerción duró aproximadamente seis horas, debido a que los abogados de los imputados pidieron habilitar una sala adicional por la gran cantidad de personas que asistieron al lugar.
El juez Salomón también acogió que el caso fuera declarado complejo, tal como lo había solicitado el Ministerio Público.

El fiscal titular de Santiago, José Francisco Núñez, informó la semana pasada, tras el apresamiento de los cuatro ejecutivos de Coopegas, que se trataba de un homicidio involuntario, por lo cual solicitó una medida de coerción consistente en ocho meses de prisión preventiva.

El órgano acusador pidió también declarar el caso complejo, en virtud de la cantidad de víctimas, a fin de contar con un plazo que permita ampliar y concluir las investigaciones.

“Fallaron las tres condiciones que debe tener toda estación de expendio de combustible, que son válvula de enfriamiento, la válvula de cierre de escape y una válvula que se prenda con el encendido de un motor y esa es la causa de lo que aquí ha ocurrido en esta tragedia que conmovió al país”, explicó el fiscal cuando hizo el sometimiento de los ejecutivos de Coopegas.

Sanciones. Además del proceso judicial, Coopegas enfrenta un proceso sancionador que inició el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, que además le cerró tres sucursales.