Libre uso de los recursos de la deuda externa e interna

Libre uso de los recursos de la deuda externa e interna

El proyecto de presupuesto del año que viene estipula que el país recibirá unos US$2,507 millones en desembolsos de préstamos, en varias monedas. De esa cantidad tan sólo un  8% serán recursos sujetos a que el uso que se haga de ellos esté sujeto a licitaciones públicas, con toda la transparencia de lugar. 

El 92% restante (US$2,304 millones) se podrá gastar en compras y obras públicas sin licitación, lo que, dada la práctica actual, implicará sobrevaluación y jugosas comisiones.Ese 8% está representado por préstamos del BID y del Banco Mundial. El 92% restante provendrá de bonos soberanos (US$500 millones), bonos emitidos localmente en pesos dominicanos (equivalentes a US$727 millones), el uso de los recursos de Petrocaribe (US$281 millones), recursos del FMI que recibirá el gobierno, no el Banco Central (US$251 millones) y préstamos duros de la banca privada extranjera para proyectos específicos (US$545 millones).

Entre los proyectos a ser financiados durante el año con los bonos soberanos está la autopista Coral (US$69 millones) que ya no es una concesión, sino una obra pública financiada con deuda externa estatal; la carretera Uvero Alto-Sabana de la Mar (US$10 millones); el bulevar del este (US$3 millones) y radares militares (US$1.4 millones).

Los giros durante el 2011 contra préstamos con bancos privados y estatales incluyen US$35 millones con un banco privado para comenzar a construir siete hospitales. Es un proyecto tipo “llave en mano”, tan popularizados durante el gobierno de Hipólito Mejía, bajo el cual el gobierno compra todo sin licitación, y con gran sobrevaluación. El préstamo para el Metro, el que solicitó el Presidente Fernández a Sarkozy, implicará el año que viene un desembolso del equivalente a US$182 millones.En el presupuesto se hacen comentarios muy interesantes sobre porqué el gobierno no cree que ha llegado al límite de su capacidad de endeudamiento.

Explica que prevé que una relación deuda-PIB de un 25% no compromete la calificación crediticia del país (Moody’s, etc.) ni el acceso adicional al financiamiento y, además, permite un margen para endeudamiento adicional extraordinario en caso de desastres económicos y crisis domésticas. Sin embargo, admite que esa proporción ya ha sido superada. Fue de un 36.6% en el 2009, será de un 36.7% este año y el año que viene estará en un 36.4%.  Agrega que tan sólo con superávits del sector público (llevamos 5 años con déficits y los tendremos en el 2011 y han sido financiados con endeudamiento) es que se podrá volver al 25% y que eso sólo ocurrirá en el 2017 siempre y cuando a partir del 2012 (año de elecciones) comencemos a tener de nuevo superávits.

¿Durante cuánto tiempo la banca nacional y nuestro sector privado seguirán comprando bonos de hacienda, cuando la amortización anual de capital e intereses de la deuda interna ya excede la de la externa? ¿Hasta cuándo Moody’s y Fitch seguirán dándonos calificaciones aceptables cuando, debido en parte a los déficits fiscales, tomaremos prestado el año que viene US$2,507 millones, pero tendremos que repagar US$1,643 millones en deuda externa e interna, y cuando ya más de la mitad de las amortizaciones de la deuda externa corresponde a préstamos bilaterales (EEUU, Venezuela, España, etc.) que no son re-negociables en el Club de París?El gobierno ya anunció las medidas a tomar para recaudar más, pero en el propio presupuesto se consigna:  “Cabe señalar, que aunque se tomen las medidas de política de ingresos previstas, la presión tributaria para el 2011 sería 13.3% del PIB, por lo que para alcanzar la presión tributaria de 15% en el 2013, según lo establecido en el programa firmado con el FMI, posiblemente se debe evaluar la implementación de medidas de política tributaria adicionales, como facultar al Ministerio de Hacienda para otorgar todas las exoneraciones tributarias; elaboración de análisis de costo-beneficios de las actuales y futuras exoneraciones; fiscalización de los combustibles exonerados utilizados para la generación de electricidad; aprobación de legislaciones que regulen los precios de transferencia y la sub-capitalización; actualización de los precios de las viviendas sujetas a IVSS; indexar a la inflación el impuesto sobre el marbete; aumentar a RD$50 el cobro de peajes, entre otras”.

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