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Directivos de la Asociación Dominicana de Industrias Gráficas afirman que entre el 70% y 80% de los libros de texto que se usan en las escuelas y colegios en el país son impresos en China, Colombia y España.
La Asociación Dominicana de Industrias Gráficas y Afines (ADIGA) deploró que en el país grandes empresas editoriales extranjeras abusan de los derechos de autor de libros de texto, en detrimento de la industria gráfica local y sobre todo de los consumidores.
Al participar en el Encuentro Económico de Hoy, William Calderón, presidente de ADIGA; Pedro Paulino, vicepresidente; Teodoro Reyes, vicesecretario, y Luis Miura, secretario expresaron que entre el 70% y 80% de los libros de texto que se dan en las escuelas y colegios en el país son impresos en China, Colombia, España, lo que triplica sus costos.
En ese sentido, plantearon que si el Ministerio de Educación adquiriera los derechos de autor de los libros de texto escolares y se imprimieran en el mercado local, estos bajarían significativamente de precios.
Los directivos de ADIGA afirmaron que en el la República Dominicana hay un parque de maquinarias suficientes para producir esos libros con la misma o mejor calidad con la que se hace que fuera del país y con un 30% menos del costo.
Citaron el ejemplo de que una editora extranjera que está en el país tiene registrados los libros de texto de varios niveles y que al Ministerio de Educación aprobarle su uso y comercialización, un libro que les sale en RD$60.00, lo sube a RD$120.00, tan sólo por tener el derecho.
Revelaron que también hay casos de editoras extranjeras que tienen textos aprobados por Educación para comercializarlos e imprimirlos, las cuales luego buscan una empresa local para que se los imprima pagándoles RD$14.00 por cada libro y después van y se lo venden a esa entidad pública por RD$70.00, recibiendo su pago en tan sólo 30 o 90 días.
Añadieron que, en cambio, si es una editora local la que logra acceder a un contrato de esos se lo pagan hasta en dos años, además de que les exigen una cantidad de requisitos que son difíciles de cumplir.
Expresaron que esa es una práctica que se viene realizando desde hace mucho tiempo en el país, sin que ninguna autoridad la haya enfrentado y que significa la inversión de alrededor de RD$800 millones cada año.
Se imaginaron que si esos recursos fueran destinados a la industria gráfica local el sector lograría un importante desarrollo, lo cual significa generación de riqueza y de empleos, además de que los libros llegarían a más bajos precios a los consumidores.
Mencionaron el ejemplo del sector de las panaderías, al destacar que este ha logrado un importante desarrollo gracias al programa del Desayuno Escolar. Recordaron que el Ministerio de Educación les compra entre RD$40 y RD$50 millones a la Cooperativa de Servicios Múltiples de los Procesadores de la Harina, lo que beneficia a cientos de panaderías, por lo que creen debe hacerse lo mismo con la industria gráfica local.
Se quejan no se cumple Ley del Libro
La Asociación Dominicana de Industrias Gráficas y Afinas (ADIGA) lamentó que en el país exista la Ley 502-08 del Libro y la Biblioteca, aprobada en el año 2009, pero no se cumple, debido a que hasta la fecha no se han conocido sus reglamentos. Agregó que esa legislación otorga exención de pago de impuestos a las importaciones de papel, fotografías, películas, grabados, cartones, planchas, tintas litográficas, materias primas, insumos, maquinarias de impresión o edición de libros.
Recordó que al Ministerio de Cultura le corresponde presentar esos reglamentos.
Dijo que esa ley debe estar focalizada a la industria gráfica porque ya se comercializan libros en diferentes establecimientos comerciales, como farmacias, supermercados, tiendas, entre otros, por lo que si beneficia a ese sector los libros escolares bajarán de precio significativamente.
La Ley del Libro también establece la obligación de dedicar el 0.5% del presupuesto de toda obra pública para construir bibliotecas y la obligación de las empresas de más de mil empleados de instalar una biblioteca en un plazo de dos años, o pueden ser multadas con cinco salarios mínimos cada 30 días por el incumplimiento de la disposición.
