JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Nos llevó quien nos trajo. Parece que estamos condenados a seguir presenciando el descomunal incremento de la corrupción que se viene registrando en el país y que por momentos parece que no dejará piedra sobre piedra en el edificio moral de la nación.

Constituye una vergüenza el comunicado con el que los jueces de la Cámara de Cuentas, exceptuando a su presidente, saldaron el escándalo en que se convirtió su decisión de aumentarse sus ingresos de 261 mil 88 a 449 mil 994 pesos por mes, al dejarlo sin efecto.

Vale recordar que ese incremento,  ejecutado bajo los subterfugios de dietas y gastos de representación, se produjo el 18 de enero pasado, menos de un mes después que el Poder Ejecutivo promulgara la ley 497-06 «Sobre Austeridad en el Gasto Público», cuyo artículo primero reducía los sueldos de todos los funcionarios del gobierno.

El artículo señalaba expresamente al «Presidente y demás miembros de la Cámara de Cuentas», a quienes por ganar más de 200 mil pesos les correspondía una reducción del 15 por ciento. Pero en vez de cumplir la ley promulgada el 28 de diciembre del 2006, los funcionarios se elevaron sus ingresos en 72 por ciento.

La burla es mayor si se toma en cuenta que apenas llevaban un par de meses en esas funciones tras ser electos por el Senado de la República. Hay que recordar también que esa ley fue la «muestra de austeridad» con que el gobierno quiso compensar su tercera reforma tributaria en dos años y tres meses.

Desde cualquier punto de vista es grave que los funcionarios llamados a encabezar el organismo que tiene la misión de auditar las instituciones públicas para velar por la limpieza y el cumplimiento de las leyes, puedan incurrir en tan grosera violación de una ley de austeridad.

En cualquier nación que se respete esos funcionarios hubiesen tenido que pedir excusas públicas y renunciar a sus puestos. O ser destituidos. En vez de eso han querido sofocar el escándalo simplemente con la revocación del aumento. Pero incurriendo en otro agravio a la sociedad que se expresa en el comunicado donde anuncian su rectificación, desplegado en los diarios del jueves 17.

Dicen los funcionarios que el aumento «se introdujo apegado a los cánones legales vigentes, fundamentándose en los principios éticos y la transparencia que rigen a esta Cámara de Cuentas». Aunque el incremento salarial no fue legal, y menos ético. Ni siquiera transparente, puesto que no se adicionó directamente al sueldo, sino a dietas y «gastos de representación».  En el citado comunicado se afirma que los ingresos de los funcionarios del organismo «deben estar en consonancia con sus elevadas y delicadas funciones de auditores de todas las instituciones públicas y privadas que reciban fondos del Estado»…

En el siguiente párrafo se puede leer la siguiente barbaridad: «Con ese aumento los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas enviábamos la firme señal de que en nuestro accionar sólo contaríamos con los ingresos legalmente establecidos, y que bajo ningún concepto admitiríamos otros para ser complacientes u ocultar los resultados de las auditorías debidamente concluidas».

En pocas palabras, que con 261 mil pesos al mes, esos magistrados estaban en peligro de caer en las debilidades señaladas en el párrafo anterior, que es la situación en que se encuentran ahora que, contra su voluntad,   tuvieron que revocarse el aumento

Se debe deducir que esos magistrados no tendrán moral para cuestionar a más del   99 por ciento de los funcionarios estatales que devengan salarios menores a los 261 mil y mucho menos a esa gran mayoría que ganan cincuenta veces menos, es decir por debajo de 5 mil pesos.

Desde luego ese concepto es una licencia para que los fiscales y jueces que ganan entre 32 mil y 60 mil pesos, se la busquen vendiendo dictámenes. Incluso el Procurador General de la República cuyo salario es de 117 mil pesos. Ni hablar de la inmensa mayoría de los oficiales de la Policía y las Fuerzas Armadas con salarios entre 8 mil y 20 mil pesos. O de los directores de escuelas que ganan 20 mil pesos o los jefes de servicios en los hospitales que reciben menos de 30 mil.

Todavía hay tiempo para que esos magistrados renuncien o sean destituidos. Pero en estos tiempos no caben las ilusiones. El desorden y abuso salarial se ha extendido en muchos estamentos del Estado. Y la ley de austeridad citada fue una simple mojiganga. Ninguna otra conclusión cabe cuando se sabe que el gasto corriente del gobierno creció en 14 por ciento en el primer trimestre del año de austeridad que declaró la ley 497-06.