El liderazgo y la autoridad del presidente Leonel Fernández y del presidente electo, Danilo Medina, estarán en juego en los debates a que la Cámara de Diputados someterá este lunes el polémico proyecto de Ley de Regulación Salarial del Estado, ya que legisladores oficialistas de ese hemiciclo han emitido su oposición a la iniciativa que tiene el favor del jefe del Estado y de su sucesor.
En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, aunque reconoce la disidencia de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), adelantó que la pieza sería acogida.
Por su lado, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, advirtió que la controvertida pieza fue acordada por ese organismo legislativo con los representantes del presidente Fernández y de Medina.
Los diputados reformaron el proyecto para preservar los privilegios de sueldos, dietas y gastos de representación, pero el Senado ratificó la versión original, que ahora será conocida por la cámara baja, donde, si es rechazada, la pieza perderá vigencia y tendrá que ser reintroducida a partir del 16 de este mes, cuando se inicia la segunda legislatura.
Entre los peledeístas que objetan la versión del Senado figuran Rubén Maldonado, Ricardo Contreras, José Luis Comes y Nelson Guillén, aunque éste dijo que acogería lo que el PLD decida.
Del Partido Revolucionario Dominicano han externado su oposición Rafael Vásquez (Fiquito), Cristian Paredes y María Durán.
De todas formas, los disidentes, al menos los que han hecho ruido, lucen escasos entre los 98 peledeístas y los 75 del PRD. Nueve son reformistas.
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¿Para todos?
El proyecto de Regulación Salarial del Estado procura equidad, equilibrio y democracia en la fijación de sueldos a todos los funcionarios y demás servidores del Estado, fija tope a los más altos funcionarios como el Presidente y Vicepresidente de la República, los ministros e incumbentes de los demás poderes del Estado, pero posterga el beneficio de un salario justo para los empleados de bajo rango, lo que ha sido atacado por diferentes sectores. De los controles de sueldos, la pieza sólo excluye al Banco Central por dos años a partir de su promulgación.