Con la Declaración de Santo Domingo firmada tras concluir ayer la Cumbre Judicial Iberoamérica (CJI) celebrada en el país, los líderes de poderes judiciales de 23 naciones se comprometieron a ejecutar una serie de acciones para fortalecer y promover una justicia centrada en las personas y remover los obstáculos para hacerlo efectivos.

Dicen que al procurar una justicia centrada en las personas, reafirman su compromiso de sostener y afianzar principios y valores que dan vida a la construcción de un modelo de justicia regional, entre ellos la independencia y la integridad judiciales, pilares esenciales de toda sociedad democrática.

Aclaran que la independencia judicial “no tiene como finalidad conceder privilegios a quienes integran el poder judicial”, si no, garantizar que las personas sean juzgadas con parámetros jurídicos sin interferencias indebidas, y se concatena con el principio de responsabilidad judicial.

“Su fortalecimiento y defensa supone respeto de parte de los poderes públicos, y la plena comprensión de que puede ser lacerada de múltiples formas, incluso desde las propias estructuras del Estado cuando se utiliza el poder público para afectar la estabilidad de jueces y juezas”, expresan en el documento.
Agregan que la actuación del Poder Judicial, “institución a todas luces democráticas”, debe perseguir en todo momento el cumplimiento de la ley y erigirse en garantía última de la defensa de los derechos humanos y de las generaciones futuras.

En ese contexto, los firmantes de la Declaración de Santo Domingo reconocen la importancia de los principios cuya promoción se comprometen a continuar, y a remover los obstáculos para hacerlos efectivos.

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Compromisos

En la consecución de sus objetivos, se comprometieron fortalecer los mecanismos institucionales que promueven una justicia independiente e imparcial de manera que los jueces y las juezas resuelvan los asuntos y controversias desde el derecho, “sin interferencias internas o externas al Poder Judicial”, según los principios adoptados en el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial y en los documentos axiológicos aprobados por la Cumbre sobre la Independencia Judicial.

A estos efectos, la CJI implementará mecanismos de consultas y comunicaciones que provengan de los poderes judiciales, y elaborará informes periódicos sobre Estado Democrático de Derecho e Independencia Judicial de todos los poderes judiciales.

Fomentará la solidaridad como un valor esencial entre los países miembros, promoviendo la cooperación judicial internacional, el intercambio de conocimientos y la creación de redes de apoyo para abordar desafíos comunes en la administración de justicia.

También la aplicación de los estándares del Decálogo Iberoamericano de Justicia de Calidad, así como los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas e integridad, consolidando la confianza ciudadana en el sistema judicial.

“Impulsaremos políticas que protejan a las personas víctimas, previendo que la publicación de sentencias y actuaciones judiciales contengan únicamente los datos necesarios para el entendimiento del fallo, “previniendo la difusión de información que afecte la vida íntima o privada de las víctimas de delitos y lesiones de derechos humanos envueltas en el caso”, dice el documento.

Recomendaciones

Vistos los principios y compromisos asumidos, los presidentes (as) de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia y de los Consejos de la Judicatura de Iberoamérica, en respeto de la independencia de cada Poder Judicial, hicieron las siguientes recomendaciones:

Incorporar los productos axiológicos (documentos y materiales que buscan definir y promover valores importantes en el sistema judicial) en la planificación estratégica, actualizar el mapa judicial Iberoamericano, innovar y digitalizar; atender el impacto de la inteligencia artificial (IA); fomentar la cooperación solidaria, promover la educación y capacitación judicial, garantizar la igualdad de género, y promover la protección de los derechos ambientales.

Los firmantes

Son los líderes de los poderes judiciales de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, quienes en el documento reafirman su convicción de que “el valor de la Justicia es la piedra angular de las sociedades libres, democráticas, equitativas y solidarias”.

Agregan en su propuesta que un mundo marcado por desafíos globales y desigualdades persistentes, “nuestra misión es garantizar una justicia que trascienda fronteras para promover la dignidad inherente de cada persona y que esté al servicio de cada una de ellas, en particular las más vulnerables”.

Un hito

E presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de República Dominicana, Luis Henry Molina, calificó como un “hito” de la CJI, la adopción de la Declaración de Santo Domingo.