Hoy 
POR CARMEN MATOS R.
Los transportistas Antonio Marte, Ramón Pérez Figuereo, Juan Hubieres y Alfredo Pulinario (Cambita) fueron libertados ayer, después de once horas de prisión preventiva, tras pagar la prima de la fianza por un millón de pesos impuesta por el Juzgado Permanente de la Instrucción de la provincia Santo Domingo.
La Fiscalía responsabilizó a los dirigentes choferiles de complicidad con los actos del pasado día 12 en que siete personas resultaron con heridas y quemaduras de primer y segundo grados, en medio de la huelga de transporte que los sindicatos habían convocado para ese día. Por su parte, a su salida de la cárcel de la Fiscalía de la provincia Santo Domingo, los dirigentes choferiles aseguraron ser víctimas de una «componenda gubernamental y de un montaje político».
«Nadie podrá protestar, los gremios no tendrán ningún derecho, ese es el mensaje que el gobierno quiere enviar al pueblo», dijo Juan Hubieres tras firmar el libro de salida de la Fiscalía, poco antes de la una de la tarde.
«Cuando un policía mate en algún incidente a un ciudadano, habrá que acusar al jefe de la Policía Nacional, cuando un funcionario cometa un error habrá que acusar al presidente de la República», concluyó Hubieres, presidente de la Federación de Transporte La Nueva Opción (FENATRANO).
Alfredo Pulinario (Cambita), que preside el Movimiento de Transporte de Choferes (MOCHOTRAN), condenó las «paupérrimas condiciones» de la cárcel donde estaban recluidos y de la que aseguró no había facilidades sanitarias, ni agua.
Pulinario sostuvo que el gobierno pretende dividir al sector transporte, mientras ellos se encuentran ahora «más unidos que nunca» e informó que ayer mismo se organizarán para dar respuesta al gobierno. Además de Pulinario y Hubieres fueron inculpados Ramón Pérez Figuereo, presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU) y Antonio Marte, quien preside la Confederación Nacional de Transporte (CONATRA).
El procedimiento de puesta en libertad bajo fianza de los cuatro imputados se extendió hasta casi la una de la tarde, debido a retrasos en el pago de la garantía económica fijada a los imputados, por problemas con el sistema financiero de la entidad bancaria con la que se realizó el trámite monetario.
Mientras Hubieres calificó como «una perversidad del gobierno» la acusación de complicidad en los actos vandálicos del paro de transporte del día 12, el procurador fiscal, Perfecto Acosta, aseguró que el ministerio público cuenta con pruebas suficientes para implicar a los cuatro dirigentes de los hechos.
A su salida de la fiscalía, Hubieres se dirigió a las decenas de dirigentes choferiles que aguardaban desde tempranas horas en el recinto de la Fiscalía para conocer el destino de sus líderes y les instó a mantenerse en pie de lucha y trabajar por la unificación del sector.
Estos bajo las consignas «choferes unidos, jamás serán vencidos», y «para el combate, la unidad», se mantuvieron en espera de la puesta en libertad de quienes mantienen un impedimento de salida y la obligación de presentarse una vez al mes ante el fiscal de la provincia Santo Domingo.
Una posible sentencia definitiva contra Marte, Pérez Figuereo, Pulinario y Hubieres, implica que enfrenten entre cinco y 20 años de prisión, en violación a los artículos 313 y 335 numeral cuatro del Código Penal.
Asimismo les asignaría la cobertura de todos los gastos médicos de los heridos, ya que según el código penal, reciben la misma condena que los autores materiales de los hechos ocurridos durante el paro de cuatro horas realizado el pasado día 12.
Hasta la fecha, han sido acusados de los hechos, Hedí Alejandro Álvarez Mateo, Antonio Modesto Arredondo Vásquez y Wellington Lora Hernández, así como otros cuatro sólo identificados como William, Cheché la Volanta, Culiquitaca y Juan Pablo.
LOS HERIDOS
Los siete heridos que fueron atacados con una bomba de fabricación casera durante el paro de cuatro horas realizado la semana pasada, anunciaron ayer que ya se conformaron en parte civil, con lo que persiguen dar seguimiento en los tribunales.
Santa de la Cruz, Gladis Guerrero Sepúlveda, Alexis Tejada Manzueta, María Suazo Sánchez, Jenny Pérez Batista, Julio César López y Daniel Alfonso Capellán Espinal, se unificaron legalmente para reclamar una indemnización por los daños morales y materiales perpetrados contra ellos.
