Liga deja a un lado obligaciones con cabildos

Liga deja a un lado obligaciones con cabildos

POR LLENNIS JIMÉNEZ
La Liga Municipal Dominicana (LMD) no cumple con la mayoría de las obligaciones que le asigna la ley que la creó como organismo asesor de los ayuntamientos, hace 66 años, y descuida tareas tan importantes como fiscalizar sus gastos presupuestarios y velar porque los recursos sean invertidos en beneficio de los municipios.

Son limitados los esfuerzos que hace la LMD para impedir que los cabildos realicen fransferencias de fondos sin su autorización.

La LMD, cuya misión es también dar asistencia a las corporaciones edilicias, no se interesa por inspeccionar las obras públicas que realizan los ayuntamientos bajo cualquier condición, como le manda hacer a su Comité Ejecutivo el párrafo dos del artículo cinco de la Ley 673, de 1975, sobre Revisión de Presupuesto y Finanzas municipales.

La vorágine partidarista que en la práctica mueve esta estructura de control municipal, designada para que opere fuera del ámbito político, le impide realizar las investigaciones y consultas pertinentes para ocuparse de revisar las cuentas que mensualmente deben rendirle los ayuntamientos a su Comité Ejecutivo, bajo la misma rigurosidad que a la Contraloría General de la República.

El reglamento de Organización y Funciones de la LMD expresa en su artículo 49, sobre designación y promoción, que los cargos de sus funcionarios y empleados tienen carácter eminentemente técnicos y administrativo, y que por consiguiente, las condiciones de filiación política no deben ser tenido en cuenta «para fines de designación o sustitución».

La LMD se ha granjeado diferencias profundas con síndicos de distintas partes del país, quienes le han reclamado que ejerza su deber de promover, por todos los medios a su alcance, las mejores relaciones y el más eficaz espíritu de cooperación entre los municipios, como la faculta el artículo cuatro de la ley de su creación, la 49/38.

El referido artículo establece que la LMD trabajará para que los cabildos puedan prestarse la mayor ayuda mutua en la solución de sus problemas, el desarrollo de sus planes y el bienestar de sus localidades.

La legislación, en esta parte, otorga obligaciones a esta institución de ayudar a resolver el conflicto que hasta hace día tenían los ayuntamientos del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo por el uso, los derechos y los pagos mensuales del vertedero de Duquesa, en Santo Domingo Norte.

ES ORGANISMO CAPACITADOR

A pesar de la LMD no mantiene programas continuos de formación de síndicos, presidentes de ayuntamientos, regidores y trabajadores municipales, las leyes que norman la facultan a adquirir y difundir cuantos datos, informes y materias sean requeridas para desarrollar la gestión de los gobiernos locales.

Es por eso que la Ley 49 le atribuye la responsabilidad de promover el intercambio frecuente de informaciones y publicaciones para que puedan obtener cooperación intermunicipal. Además, favorecer la celebración de congresos, conferencias, concursos nacionales e internacionales. En la práctica no se recuerda la última vez que el organismo anunciara el desarrollo de actividades de intercambio de experiencia con la municipalidad de otros países y se mantiene al margen de muchos de los programas de descentralización y modernización de los ayuntamientos financiados por organismos de cooperación europeos y alemanes.

En la actualidad, la entidad se circunscribe repartirle a los ayuntamientos los recursos que le entrega el gobierno central, por medio de la Ley 166-03, a avalar el otorgamiento de préstamos y a gestionar compras.

Una fuente de entero crédito reveló a redactores de HOY que la LMD se arroga el derecho de comprar hasta los materiales gastables de los municipios lejanos a la capital y descontar los montos de sus presupuestos, porque a pesar de la autonomía municipal que tienen estas instituciones públicas, la letra «K» del artículo 45 de su reglamento interno así se lo autoriza.

Un ejecutivo municipal declaró, bajo reserva de su nombre, que la LMD no habría autorizado la compra del helicóptero que está a servicio de la secretaría general, porque alegadamente la propuesta no fue sometida al Comité Ejecutivo.

El secretario general de la LMD ejecuta las disposiciones emanadas del Congreso Nacional de Municipios, de la Asamblea General y del Comité Ejecutivo, que preside ex oficio el secretario de Interior y Policía y que integran 32 miembros de todos los municipios del país.

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