En la historia financiera de la República Dominicana hay un episodio, dentro de lo que fuera la política de las cañoneras, en el cobro de las deudas, único por sus características, cuando Ulises Heureaux ordenó la ocupación militar del Banco Nacional de Santo Domingo, desconociendo una sentencia del Tribunal de 1ra. Instancia (diciembre 1892), la cual fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia el 13 de enero de 1893 y el Cónsul de Francia pidió de inmediato el despacho de dos buques de guerra de su país, comandados por el Almirante Abel de Libran.

Lilís, manu militari, abrió el banco, retirando el dinero que reclamaba como indemnización. El origen del litigio del Presidente Heureaux se remontaba a la concesión otorgada al Credit Mobilier, una sociedad francesa para establecer en el país el Banco Nacional de Santo Domingo, banco del que hizo su primera emisión de billetes el 22 de agosto de 1890. Con todos esos antecedentes, Lilís demandó al Banco de Santo Domingo, exigiendo una indemnización de $75,000.00 por supuestos daños y perjuicios y el fallo judicial solo otorgó $60,000.00  por  ese concepto y $7,000.00 por gastos judiciales. Todo estuvo motivado en que dicho banco desconoció al banquero alemán Jacobo de Lemos como su apoderado y representante, en gestión de cobro, persona de la confianza de Lilís.

Cuando el Banco de Santo Domingo desestimó la sentencia de los tribunales dominicanos, el 23 de febrero de 1893, Lilís militarmente ocupó el banco, apoderándose de $67,000.00 de las cajas del mismo, levantándose un acta notarial, instrumentada por el notario público Claudio F. Polanco, asistido por el Inspector Bancario Amable Damirón y en presencia del Cónsul de los EE.UU. Tratándose de una sociedad francesa, el Cónsul de ese país solicitó que se suspendiera la ejecución de la sentencia y le puso los sellos a las cajas del banco, reservándose el derecho de que su gobierno estudiara la sentencia de la Suprema Corte de Justicia.

La tradición oral de la época recogió la versión de que el Presidente Heureaux le preguntó al enviado de Francia, Stephen Pichón, cuándo demandaría el gobierno de su país, si éste falleciese en Santo Domingo, diplomático encargado de restablecer las relaciones entre los dos países, terminando ese litigio en otra desgracia para el país, ya que se traspasó la propiedad de la Sociedad de Crédit Mobilier en el Banco Nacional de Santo Domingo a la controversial y nefasta Santo Domingo Improvement Company, de ingrata recordación.