Mientras el jefe de la Policía Nacional, mayor general José Amado Polanco Gómez,  aboga por reformar los  códigos del Menor y Procesal  para endurecer la aplicación de la ley, sopena de que la sociedad “colapse”,  la  fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, formula un reclamo que se enfoca muy directamente sobre las frustraciones de la sociedad ante un  sistema judicial,  de  burocracia mal preparada, insuficiencia para la  asistencia legal y denegación de justicia por demoras de los procesos. Además, acceder a los jueces es muy costoso en el país -dicho por la propia  Reynoso-, lo que hace crecer la criminalidad y la impunidad.

  Sobre la posición del jefe policial el país tendría que reaccionar con cautela. Si bien es cierto que con las última reforma judicial la intención de garantizar los derechos de los acusados y el buen manejo del problema de la delincuencia juvenil se vive traduciendo en sobre protección a delincuentes, las ineficiencias de los investigadores y persecutores tienen mucho que ver con la  impunidad. Y sobre lo expuesto por la jefa del Ministerio Público, hay que decir que, efectivamente, los mecanismos que manejan  querellas de la comunidad, arbitran sus conflictos o auxilian al ciudadano  sin medios propios  para defenderse  cumplen pobremente sus funciones. El “Año del fortalecimiento democrático y de derecho” no debe quedarse en puras palabras. Debe mejorarse la Justicia.

Regidores desenfrenados

No fue únicamente al Señor Alcalde del ayuntamiento de Santo Domingo Este  al que los señores miembros de la sala  capitular tumbaron el brazo cuando por encima de su equilibrado sentido de austeridad  se excedieron disponiéndose  aumentos de los ingresos que reciben por sus funciones, esencialmente honoríficas, aunque  ese justo criterio esté siendo ignorado olímpicamente en estos tiempos  de predominio de políticos que tratan  al Estado como botín para ambiciones personales.

Boicotearon la toma de decisiones del cabildo para acorralar al ejecutivo municipal Juan de los Santos  y salirse con la suya actuando  contra el interés  de las mayorías  de moderar el gasto; de que los organismos estatales sean eficientes y de que ningún servidor se aproveche de su cargo para lucrarse injustificadamente. Los partidos a que pertenecen esos regidores no deberían tolerar tales acciones individuales.