WASHINGTON (AFP).- La Corte Suprema de Estados Unidos consideró ayer, martes, que los empleados del Gobierno que se expresan en el marco de sus funciones no están protegidos por la primera enmienda a la Constitución, que garantiza la libertad de expresión.

En marzo de 2000, Richard Ceballos, un fiscal federal de Los Angeles (California, oeste), descubrió una irregularidad de procedimiento en un caso penal. Se lo hizo saber a sus superiores en un documento que pedía el fin de las actuaciones judiciales, y trasmitió el documento a la defensa.

A continuación, Ceballos inició un procedimiento contra sus superiores, denunciando represalias, esencialmente un descenso, que según él violaba sus derechos garantizados por la primera enmienda.

“Un ciudadano que trabaja para el Gobierno sigue siendo un ciudadano” protegido por la primera enmienda, pero “cuando los funcionarios hacen declaraciones en el marco de sus funciones oficiales, no se expresan como ciudadanos”, indicó la Corte, rechazando la demanda de Ceballos.

El Gobierno “necesita un grado importante de control sobre las palabras y las acciones de sus empleados, si no, hay pocas chances de que los servicios públicos se aseguren eficazmente”, añadió la Corte, que se pronunció por cinco votos contra cuatro.

El caso se había sido presentado en octubre, pero los jueces, que sumaban ocho después de la dimisión de Sandra Day O’Connor, no lograban desempatar.

Fue necesario organizar una nueva audiencia en marzo para permitir que el juez nombrado por el presidente George W. Bush, Samuel Alito, quien asumió funciones a finales de enero, pudiera pronunciarse.