El viernes último, este diario se hizo eco, en primera plana, de una versión de la Policía Nacional en la que se informaba que Bienvenido Reyes y Víctor Tomás Cleto habrían sido linchados en Punta, de Villa Mella, por una multitud que los persiguió cuando intentaban robar una camioneta. Pero vecinos del lugar donde ocurrieron los hechos afirman que uno de los hombres fue muerto por policías durante la persecución y el segundo le fue entregado vivo a la patrulla. Según esta versión, no hubo tal linchamiento. En dos meses, munícipes han desmentido dos versiones de linchamiento dadas por la Policía. La primera vez se trató de un presunto malhechor muerto en Gurabo, Santiago.

La jefatura de la Policía debe ponerle atención a este tipo de incidente. Las versiones de las patrullas policiales actuantes en casos de esta naturaleza deberían ser confrontadas con las versiones de testigos de los hechos. Una cosa es linchamiento por una turba de munícipes y otra muy distinta es ejecución policial de un presunto delincuente que haya sido entregado vivo a la autoridad competente. El Ministerio Público está en el deber de comprobar la veracidad de las versiones que se entregan a los medios de comunicación acerca de hechos en que haya pérdida de vidas. La lucha contra la delincuencia tiene que ampararse en la legalidad y respetando las fronteras que marca la ley.

Todos a una por más seguridad

El país en pleno debería tomar el caso del abogado y comentarista televisivo José Jordy Veras Rodríguez, herido a balazos durante un atentado en su contra, en Santiago, como símbolo para reclamar del Gobierno mejores niveles de seguridad ciudadana. El coro de voces para este reclamo debe ser fuerte y persistente, en virtud de que el sector oficial parece anclado en la retórica en vez de caminar a la par con los hechos que están perturbando a esta nación.

Ningún ciudadano en este país parece estar exento del alto riesgo de ser víctima de robo, asalto o muerte a manos de delincuentes. Los niveles de impunidad y reincidencia criminal son alarmantes y nada se hace para cambiar esa realidad. La Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN) toma el caso de Veras Rodríguez para reclamar mayor protección para los ciudadanos. Hagamos con esa organización un gran coro para exigir lo que en derecho nos corresponde como ciudadanos.