Ignoro dónde la Constitución o alguna disposición legal vigente establecen que a los legisladores hay que asignarles “un barrilito”, pero lo considero una burla a la mayoría del pueblo que vive en la más abyecta miseria.

Es habitual que, pasados algunos meses de un nuevo grupo en el poder, los ciudadanos se sientan frustrados porque las autoridades no cumplen con sus promesas. En medio de los períodos, la presión se incrementa y se escuchan las lamentaciones “por haber votado por esta gente” y los reproches al estilo: “Yo no tengo la culpa de esta desgracia, yo voté marrón”.

Lo más relevante es que los funcionarios electos, como respuesta a la presión, reclaman a sus partidarios el respaldo comprometido a través de sus votos: “Hay que defender esta gestión, porque el éxito será de todos”.

Al final de cada período es que los ciudadanos, militantes o no del grupo en el poder, ven que sus votos condicionaron el desastre vivido con las autoridades que terminan, pero es un error creer que los votantes son responsables de la ineficiencia de los funcionarios, cuando lo real es que cada elegido debe responder precisamente frente a sus electores. Lo trágico de un gobierno no debe cargarse a los votantes y es injusto recriminar diciendo “No querían bolero, báilenlo pegao”.

Ahora, con el festival de modificaciones a la Constitución, sería apropiado colocar  penalidades a los legisladores inescrupulosos, incumplidores, corruptos y delincuentes y no solamente dejarlo al “linchamiento político” que es votar masivamente en su contra, sino enviarlos al domicilio correspondiente que es la cárcel, amén de eliminar la vergüenza social denominada “el barrilito”.

Perdón….  ¿Estoy soñando?